Los diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma y Juan Manuel Fuenzalida, solicitaron con urgencia la tramitación de una reforma constitucional para cesar del cargo a todas las autoridades que consumen drogas ilícitas.
La petición surge luego de que la diputada Ana María Gazmuri admitiera públicamente el consumo de marihuana y hongos psilocibes con prescripción médica.
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En una columna de opinión publicada en BioBioChile , la parlamentaria del Partido Acción Humanista explicó su decisión de no someterse al test de drogas obligatorio en el Congreso, lo que le costó una sanción del 15% de su dieta parlamentaria .
“Frente a las especulaciones en relación a que mi negativa a realizarme el test sería para ocultar el consumo de alguna sustancia distinta al cannabis, quiero señalar que, efectivamente, también he usado hongos psilocibes, prescritos médicamente”, escribió Gazmuri.
PROYECTO DE REFORMA PARA DESTITUIR A AUTORIDADES CONSUMIDORAS
A raíz de esta revelación, los diputados Coloma y Fuenzalida exigieron acelerar la tramitación de un proyecto de reforma constitucional ingresado en 2021, que obliga a cesar en el cargo a todas las autoridades electas —desde el Presidente hasta los consejeros regionales— si se confirma su consumo de drogas ilícitas o algún vínculo con el narcotráfico.
Ambos parlamentarios calificaron de «inaceptable» que Gazmuri haya admitido el consumo de otras sustancias sin recibir sanciones más allá de una multa económica.
“Es inentendible que una autoridad pueda reconocer públicamente el consumo de dos tipos de drogas y solo recibir una sanción monetaria. Esto genera un vacío legal que debe ser corregido con urgencia”, señaló.
También advirtieron que permitir esta situación genera una sensación de impunidad en la ciudadanía y un evidente conflicto de intereses , ya que Gazmuri ha impulsado iniciativas relacionadas con la regulación de sustancias psicoactivas.
URGENCIA A OTROS PROYECTOS SOBRE PROBIDAD Y NARCOTRÁFICO
Además de la reforma constitucional, los diputados solicitaron prioridad para otros dos proyectos presentados en 2024.
- Declarar el consumo de drogas como una falta a la probidad administrativa en cargos públicos.
- Levantar el secreto bancario de los parlamentarios que se nieguen a someterse a exámenes de drogas, con el objetivo de detectar posibles nexos con el narcotráfico.
Finalmente, los legisladores advirtieron sobre la necesidad de establecer sanciones ejemplares para impedir que organizaciones criminales «permeen la administración del Estado, como ya ocurre en otros países» .
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— Maximiliano Lobos Lacoste 🇨🇱 (@MaxLobosCL) February 1, 2025