Ya en mayo la bancada de diputados de la UDI solicitó al presidente José Antonio Kast que invoque la facultad constitucional que tiene para solicitar a la Corte Suprema que revise la situación del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Daniel Urrutia, pero ahora reforzó su ofensiva con una carta firmada por representantes de otros partidos de gobierno.
En concreto, lleva las rúbricas de Flor Weisse, jefa de la bancada UDI, y por los diputados Jaime Coloma (UDI), Hans Marowski (vicepresidente del Partido Nacional Libertario), Francisco Orrego (RN) y Jorge Guzmán (Evópoli). Desde el Partido Republicano declinaron sumarse, porque son de la idea de “no pautear” al mandatario.
El objetivo final de los parlamentarios es la destitución del magistrado. De acuerdo con La Tercera, insisten en que se debe sancionar de manera severa al juez por haber viajado al extranjero estando con licencia médica, a Costa Rica en 2020 y a Ecuador en 2022. Esto, pese a que la Corte de Apelaciones de Santiago lo absolvió en medio del sumario que se realizó a ese respecto.
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En todo caso, si el presidente Kast accede a la petición de los diputados de solicitar a la Corte Suprema que abra un cuaderno de remoción, la decisión final sobre el futuro del magistrado depende del máximo tribunal.
Los argumentos de los parlamentarios de la UDI giran en torno a que Urrutia «infringió una prohibición legal en contravención al principio de probidad y al deber de buen comportamiento, incurriendo en la causal de remoción señalada en el artículo 80 del texto constitucional».
También, que “si respecto de funcionarios públicos que cometieron la misma infracción, se ha instruido el inicio de sumarios y una investigación penal, no es posible que un juez de la República en circunstancias similares quede en una situación de impunidad por motivos de forma, sobre todo considerando que la judicatura debe obrar en todo momento con rectitud, resguardando la integridad e imagen del Poder Judicial, lo que además se encuentra consagrado en la norma de mayor jerarquía“.
A continuación recuerdan cuestionamientos anteriores al juez Urrutia, como la liberación de imputados vinculados a la denominada “Primera Línea” del estallido social, y el otorgamiento de beneficios carcelarios a reos de alta peligrosidad.
«PERSECUCIÓN POLÍTICA»
También en mayo la Organización de Trabajadores y Trabajadores Judiciales (OTJ), de la que Urrutia es presidente regional en Santiago, calificó la arremetida como una “persecución política”.
Advirtieron que vulnera la separación de poderes y el principio “non bis in idem”, que prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos.
Desde la UDI la diputada Weisse enfatizó, según el medio citado, que «no es creíble» que el juez Urrutia «haya salido de vacaciones mientras estaba con licencia médica, argumentando que viajó al extranjero para someterse a una ‘terapia alternativa’. ¿Qué se entiende por eso? ¿Estamos hablando de una médium, de un chamán? Si esa es la explicación y no existe una sanción, se abre un precedente grave».
Por su parte, el diputado Marowski afirmó que “la prescripción podrá cerrar una investigación administrativa, pero no borra los hechos ni el daño causado a la confianza pública. Los jueces están llamados a cumplir estándares más altos que el resto de los funcionarios del Estado».
Con todo, mientras la arremetida parlamentaria sigue su curso, en las próximas semanas el pleno de la Corte Suprema revisará ese caso y el de todos aquellos funcionarios del Poder Judicial que fueron objeto de sumario por viajar al extranjero con licencias médicas.
