Si bien el fiscal nacional, Ángel Valencia, tenía plazo hasta hoy para entregar respuesta por la solicitud de inhabilitación para los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir en el marco de una de las aristas de la investigación contra Manuel Monsalve, eso no ha sucedido.
Sí solicitó, la semana pasada, a la Fiscalía Centro Norte que el fiscal regional de esa jurisdicción, el propio Xavier Armendáriz, le informe sobre su investigación respecto del defensor penal público Víctor Providel, abogado del exsubsecretario del Interior.
Recordemos que este es investigado por supuestas conversaciones entre él y un amigo de la expareja de la funcionaria de la subsecretaría del Interior que denunció a Monsalve por violación y abuso sexual; estos últimos se habrían coordinado para ofrecer material de video a canales de televisión a cambio de dinero y le habrían pedido ayuda. Por esta causa fue citado a declarar el viernes pasado por los fiscales, aunque hizo uso de su derecho a guardar silencio.
Lea también: Arista del Caso Monsalve: Defensa de Providel pidió acceso a videos
La defensora de Providel busca que la indagatoria donde el su defendido figura como imputado sea seguida por otra Fiscalía.
“Lo que hemos planteado es que el hecho de que los mismos fiscales dirijan una investigación en un caso donde el defensor es su contraparte y, más aun, tratándose de una causa estrechamente vinculada con una investigación en la que el persecutor tiene un interés directo, constituye una afectación al ejercicio del derecho a la defensa”, dijo Marcela Araya.
Valencia sí respondió a la Defensoría Penal Pública (DPP) que él no puede decidir la inhabilitación a Jacir, ya que eso era resorte de su superior jerárquico como jefe de los fiscales de esa jurisdicción, que es el mismo Armendáriz.
Es decir, no está resuelto.
¿CONFLICTO DE INTERÉS?
Para la exdefensora nacional Paula Vial, «el derecho a defensa se sostiene en el secreto profesional, la igualdad de armas y la independencia de la defensa técnica. Cuando estos principios se ven comprometidos, la justicia misma se resiente”.
«El Ministerio Público no solo debe investigar con objetividad lo que incrimina y lo que favorece, sino también abstenerse ante eventuales conflictos de interés, pues de lo contrario se vulnera la confianza en el proceso penal.», agregó.
«Perseguir a un abogado por actos propios de su rol, afectando el secreto profesional, atenta directamente contra el estado de derecho», dijo a La Tercera.
«Creo también que es vulneratorio, es contrario a un estado de derecho democrático, que a un defensor por estar haciendo su trabajo se le imputen ciertas conductas y que luego se le investigue», comentó por su parte el penalista y exdefensor penal público Sebastián Andrade.
» Y peor aun, que los fiscales que lo están investigando sean los mismos que están investigando el caso que ese defensor tiene a cargo», agregó.
“Se está tratando de manipular las facultades de un sistema procesal penal para, de cierta forma, ganar alguna ventaja por secretaría”, recalcó.
