La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, abordó este viernes el estudio que el Ejecutivo planea iniciar para llevar a cabo un proceso de regularización limitado de migrantes.
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Esta propuesta está vinculada al empadronamiento que el Gobierno realizó anteriormente, en el cual más de 180.000 extranjeros participaron de manera voluntaria. Solo aquellos que se inscribieron en este proceso serían elegibles para recibir el beneficio.
Las razones que presenta La Moneda para promover un proceso de regularización restringida de migrantes han generado controversia. Los diputados de la oposición han criticado esta iniciativa, acusando al gobierno de fomentar la migración irregular y han decidido convocar a Cordero a una comisión del Gobierno Interior.
En entrevista con Radio Sonar, Vallejo hizo hincapié en la diferencia entre el empadronamiento y la regularización. “El empadronamiento no equivale a un proceso de regularización. Este control biométrico se utiliza fundamentalmente para identificar a los migrantes, ya que enfrentábamos el gran desafío de no saber dónde se encontraban, quiénes eran o sin tener ningún tipo de información sobre ellos”, subrayó.
«EL MAYOR PROCESO DE REGULACIÓN EN GOB. DE PIÑERA»
Además, recordó que en administraciones anteriores también se llevaron a cabo regularizaciones de extranjeros: “El mayor proceso de regularización tuvo lugar durante el último gobierno de Sebastián Piñera, que abarcó a 324.338 personas. En contraste, el gobierno de Michelle Bachelet reguló aproximadamente a 55.000, y durante la administración de Eduardo Frei, a 22.000”.
“Esto es un fenómeno que ha ocurrido en Chile bajo diferentes administraciones, así como en América Latina y otras partes del mundo”, comentó.
Sin embargo, la ministra aclaró que “no se está considerando la regularización de las más de ciento ochenta mil personas” que participaron en el empadronamiento realizado entre junio de 2023 y febrero de este año.
Por otra parte, al igual que lo mencionó el subsecretario del Interior, Luis Cordero, Vallejo descartó que un procedimiento de este tipo pueda generar un “efecto llamada” para otros migrantes.
“No, porque no garantiza nada. Además, aquellos con antecedentes penales o condenas, o que presenten alguna situación delictual, no tendrán ninguna oportunidad de regularización. También hemos fortalecido la legislación para las expulsiones, tanto administrativas como judiciales, y hemos intensificado el control en las fronteras para prevenir ingresos irregulares”, concluyó.
