La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), reafirmó este lunes la postura del Ejecutivo sobre el testimonio de la exfuncionaria de la Subsecretaría del Interior, quien acusó a Manuel Monsalve de violación y abuso sexual.
Durante la jornada de ayer, el gobierno volvió a abordar el caso. El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), afirmó en una entrevista con Canal 13 que el relato de la víctima es «coherente y verosímil».
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Esta mañana, en una conversación con Cooperativa, Vallejo respaldó lo manifestado por el titular de la Segpres. «La justicia es la que lo determina, pero obviamente el relato es coherente y es verosímil», declaró.
LA JUSTICIA ES LA QUE TIENE QUE ACTUAR
«No somos nosotros los jueces, eso es el Poder Judicial, pero bueno, es lo que hay y ya lo que tenemos de denuncia es bastante grave como para poner todas las fuerzas y el interés sobre la rigurosidad y la capacidad de avanzar con prontitud de la justicia en esclarecer los hechos y aplicar las sanciones y las penas correspondientes en el caso», subrayó.
En este sentido, reiteró que «Aunque la justicia es la que tiene que determinar efectivamente el delito denunciado, pero nosotros creemos, hay un relato que es coherente, que es verosímil».
«No somos nosotros quienes juzgan, eso le corresponde al Poder Judicial. Sin embargo, lo que hemos recibido como denuncia es grave y requiere que se desplieguen todos los esfuerzos para asegurar la rigurosidad y la capacidad de la justicia para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones pertinentes», insistió.
CAMILA VALLEJO
Además, la portavoz del Ejecutivo comentó sobre los resultados de la última encuesta Cadem, que reveló que el 76% de los encuestados desaprueba la gestión del gobierno en el caso Monsalve: «Las evaluaciones son siempre legítimas y la opinión pública puede estar comentando y evaluando el tema asociado a los manejos de la crisis, pero lo cierto es que en términos concretos y objetivos el caso Monsalve hoy día está siendo investigado administrativamente y judicialmente por poderes que son autónomos al Poder Ejecutivo».
En esa línea, defendió que la decisión de remover al entonces subsecretario «se tomó en un plazo bastante limitado» y que «ya se han realizado las decisiones necesarias en el marco institucional y legal».
