La venta de la casa de Salvador Allende al Fisco, cuyo proceso culminó en diciembre de 2024 con un contrato de compraventa por $933 millones, generó diversas alertas dentro del Ministerio de las Culturas.
Según una minuta interna publicada por La Segunda, el documento advierte sobre los «efectos jurídicos» y las implicaciones comunicacionales del proyecto, especialmente debido a la «calidad de autoridades» de las vendedoras, la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa, Maya Fernández.
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En el escrito se destaca que, si bien la propiedad de 612 m² con 225 m² construidos se encuentra en «buen estado» y será destinada a un proyecto de «rehabilitación patrimonial mínima», la transacción no incluye los muebles originales de la casa, que se consideran parte del patrimonio histórico.
Aunque la familia de Allende ha expresado su intención de entregarlos en comodato al Servicio Nacional del Patrimonio (Serpat) o la entidad encargada de la gestión museológica, estos no formarán parte del contrato de compraventa.
El inmueble se tasó por la familia en aproximadamente $800 millones, con una inversión total estimada de $1.270 millones, lo que incluye los costos de restauración y adaptación.
A pesar de ser un proyecto de gran relevancia histórica, la compra no ha estado exenta de controversias. El documento subraya la necesidad de «coordinar las comunicaciones» debido a los posibles detractores del proyecto, considerando que la propiedad tiene un fuerte componente patrimonial.
ALERTAS ADICIONALES
Entre las alertas adicionales, se menciona que la casa de Allende está pareada con una propiedad vecina (Guardia Vieja N° 408), que podría quedar en una «situación de dependencia patrimonial» si el inmueble de Allende es declarado monumento histórico.
Este hecho podría tener implicancias sobre la calidad de la edificación vecina, situada en una zona que ha experimentado un crecimiento inmobiliario vertical.
Asimismo, el documento detalla que en septiembre de 2023, al debatirse el Presupuesto con Dipres se solicitó aumentar el presupuesto para el sector, en el marco de la «intención del gobierno del presidente Gabriel Boric de adquirir las casas presidenciales de Patricio Aylwin y de Salvador Allende Gossens».
Dipres, autorizó el presupuesto «para la compra de una casa presidencial y no de dos tal como fue solicitado, dejando abierta la decisión de cuál comprar».
En marzo de 2024 «se acordó la elaboración de un informe, por parte de la familia, de estudio de los títulos del bien raíz, el que será entregado al Serpat en las próximas semanas».
