En los últimos días hemos asistido a actos de violencia contra autoridades: ello no es sino otra señal de deterioro institucional que polariza.
Con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima quedó el principal imputado por la agresión al alcalde de San Bernardo, Christopher White. El tribunal descartó la prisión preventiva solicitada por Fiscalía. Ello, pese a la gravedad del ataque ocurrido durante un operativo municipal de retiro de escombros y basura en Villa Don Bosco.
Un hombre, de 30 años y con antecedentes por receptación, fue formalizado por atentado contra la autoridad con resultado de lesiones, daños y amenazas. Según los antecedentes, vecinos molestos por la intervención municipal agredieron al jefe comunal, a funcionarios y a un fotógrafo, además de dañar vehículos con piedras y otros objetos contundentes.
La escena no solo golpeó a San Bernardo. También volvió a instalar una pregunta incómoda: ¿en qué momento agredir físicamente a una autoridad pasó a ser parte del paisaje cotidiano?
VIOLENCIA QUE NO SORPRENDE
Chile acumula una secuencia preocupante de agresiones a personeros públicos. No se trata solo de funas, gritos o protestas hostiles. También de ataques físicos directos contra autoridades de Estado en ejercicio de sus funciones.
Uno de los episodios más recordados ocurrió con la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, durante su visita a Temucuicui en 2022. La comitiva ministerial debió retirarse tras disparos al aire y amenazas en la zona, en una imagen que terminó simbolizando la fragilidad del control estatal en sectores de La Araucanía.
También quedó en la memoria política la agresión sufrida por la ministra Carolina Tohá, cuando en una actividad pública una manifestante le arrojó agua desde corta distancia, en medio de una protesta. Aunque menor en daño físico, el gesto reflejó una creciente pérdida de límites frente a la autoridad institucional.
Antes, amenazas a la ministra Jeanette Vega y figuras como Ximena Lincolao o Ximena Rincón también enfrentaron episodios de hostilidad intensa, amenazas o agresiones durante actividades públicas, especialmente en contextos territoriales polarizados.
El problema dejó hace rato de ser ideológico. Atraviesa gobiernos, sectores y territorios.
LA AGRESIÓN NO ES PROTESTA
Existe una diferencia sustancial entre protesta legítima y violencia directa. La crítica a una autoridad forma parte natural de la democracia; golpearla, amenazarla o convertirla en blanco físico rompe ese pacto básico.
En el caso de San Bernardo, el alcalde participaba en una fiscalización municipal, una de las tareas más básicas de la administración local. La respuesta fue una agresión grupal que terminó con lesiones y daños materiales. Fiscalía pidió prisión preventiva; el tribunal optó por una cautelar menor y fijó 90 días de investigación.
Ese contraste también abre otra discusión: la señal institucional. Cuando la agresión contra una autoridad se percibe como una falta menor, el mensaje hacia el resto del aparato público puede ser devastador. No se trata de blindar políticamente a alcaldes o ministros. Se trata de resguardar el principio mínimo de que el Estado no puede ejercer funciones bajo amenaza física permanente.
Amenazas a ediles han llegado a utilizar cadáveres para amedrentar, como sucedió con la alcaldesa Karina Delfino. Varios otros alcaldes han denunciado intentos de infundirles miedo. El mismo alcalde de San Bernardo había denunciado amenazas de muerte en su contra.
EL RIESGO DE NORMALIZARLO
La erosión de la autoridad no siempre comienza con grandes crisis. Muchas veces parte con pequeños actos tolerados, con agresiones relativizadas y con una opinión pública que empieza a ver esos ataques como simples “excesos del momento”.
Ahí está el verdadero peligro. Cuando un alcalde es golpeado, una ministra recibe objetos en la cara o una autoridad debe abandonar una visita oficial bajo amenazas, no solo fracasa la seguridad: también se deteriora la legitimidad del Estado.
La democracia no exige obediencia ciega, pero sí exige límites. Criticar al poder es sano; naturalizar su agresión física, no.
Porque cuando la violencia contra la autoridad deja de escandalizar, el problema ya no es solo de seguridad. Es de convivencia democrática.
