“La firma de una escritura en la notaría y su protocolización ocurrió y ese fue el momento donde se interrumpió el proceso y se decidió no continuar con la compra”, explicó la vocera (s) de gobierno, Aisén Etcheverry, sobre la fallida adquisición por parte del Estado de la casa del expresidente Salvador Allende con el fin de convertirla en museo.
El problema se suscitó porque entre los vendedores del inmueble estaban a actual ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora en ejercicio Isabel Allende, nieta e hija del fallecido exmandatario, respectivamente, cuando la constitución vigente prohíbe transacciones entre el Estado y personeros de Gobierno y del Congreso.
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“Posterior a eso, y si el proceso hubiese seguido, tendría que haber existido un decreto de bienes nacionales autorizando la compra. Ese decreto no existió. Posterior a eso debió haberse efectuado la inscripción en el conservador de bienes raíces de la transferencia de propiedad; eso tampoco ocurrió. Y sólo una vez que se hubiese realizado esa inscripción, se habrían transferido los recursos a los propietarios de la exresidencia, en este caso del expresidente Allende”, argumentó Etcheverry.
La vocera recalcó que «ese es el momento en que se habrían transferido los recursos y posterior a eso se hubiese destinado el inmueble a la casa museo, que era el objetivo inicial de todo este proceso».
«Esas cuatro etapas posteriores no ocurrieron y por eso hemos sido enfáticos en señalar que el proceso se interrumpió en un momento determinado, que no surtió ningún efecto. Aquí no hay transferencia de propiedad, no hay transferencia de recursos», sostuvo.
EN LA NOTARÍA
“El momento de la firma de la escritura en la notaría es algo que no debió haber ocurrido, esencialmente por razones políticas. Aquí hubo una conducción de un proceso en términos políticos que no fue la adecuada y eso se hizo valer a través de la responsabilidad política, que significa la pedida de renuncia de la ministra Sandoval durante la jornada de ayer”, reconoció la vocera.
La ministra detalló que «en trabajo y conversación permanente con la familia del expresidente Allende se tomó la decisión de conjunto de resciliar el contrato».
«Esto lo que hace es dejar el contrato sin efecto, es extinguir las obligaciones que podrían haberse creado como consecuencia de la firma de esa escritura y esto se hace con el objetivo de eliminar cualquier manto de duda respecto de los posibles efectos patrimoniales o de otra naturaleza que pudiese haber tenido este acto», afirmó Etcheverry..