El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), abordó la controversia generada por la norma de “amarre” acordada entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público con miras a 2026.
La disposición busca limitar el despido de funcionarios públicos a contrata a pocos meses del cambio de administración.
Lea también: Kast critica norma del reajuste público antes de viaje a Ecuador
Mediante su cuenta de X, el jefe comunal —una de las figuras del oficialismo mejor evaluadas— planteó la necesidad de centrar el debate en una discusión de fondo, la que, a su juicio, pasa por una “reforma y modernización al empleo público”.
“Es evidente que todo funcionario contratado por confianza política tiene el deber de renunciar el 11 de marzo, entendiendo que no todo funcionario público contratado en determinado periodo de gobierno responde necesariamente a criterios políticos”, sostuvo el militante del Frente Amplio.
DISCUSIÓN
En esa línea, añadió que “Ahora, más allá de la legítima discusión de cuantos años son necesarios para obtener la confianza legítima, no podemos esconder la necesaria y urgente discusión de fondo, que es avanzar hacia una reforma y modernización al empleo público“.
Respecto a este punto, Vodanovic recalcó que “la inamovilidad es un problema en el Estado, y urge una reforma el estatuto administrativo que busque proteger los derechos de los trabajadores y al mismo tiempo avanzar en procesos de evaluación de desempeño de funcionarios reales y exigentes. El gasto público debe focalizarse en impactar la vida de la gente, y el Estado debe generar incentivos para atraer talento y tener a los mejores“.
Finalmente, expresó su disposición a colaborar desde los gobiernos locales: “Esperemos por el bien de Chile que esta discusión se pueda dar en buena lid y avanzar en los próximos años. Desde el municipalismo siempre dispuestos a colaborar”.
En paralelo, durante esta jornada la UDI informó que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) si el Ejecutivo consigue aprobar la iniciativa en el Congreso.
“Lo que aquí está en juego no es el reajuste salarial de los funcionarios públicos, sino que la forma en cómo se respeta la democracia y la alternancia en el poder. Así que si el actual Gobierno insiste en dejar amarrado a sus operadores, solo por una afinidad política e ideológica, no vamos a dudar un minuto en recurrir al TC para frenar este verdadero abuso“, señalaron desde el partido.
