El diputado Gonzalo Winter pidió al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, explicar por qué Chile no se ha integrado al denominado “Grupo de La Haya”, alianza internacional liderada por Sudáfrica y Colombia que ha impulsado acciones para frenar el genocidio en Gaza y exigir responsabilidad a sus autores.
“Chile debe ser coherente con sus palabras y tomar acciones. En un momento en que más de cien organizaciones humanitarias denuncian una hambruna masiva y crímenes de lesa humanidad en Gaza, nuestro país no puede estar indiferente. Por eso pedimos al canciller que nos explique por qué no estamos en el Grupo de La Haya y que evalúe nuestra incorporación”, planteó el parlamentario a través de un oficio.
Tambien consultó si Chile participó, en alguna calidad, en la Conferencia de Emergencia celebrada el pasado 15 y 16 de julio en Bogotá por los países integrantes del Grupo, y cuáles fueron las conclusiones de dicha instancia.
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La solicitud del diputado Winter se enmarca en el reciente recrudecimiento de los ataques contra la población civil en el enclave, que ya ha cobrado la vida de alrededor de 60 mil personas según cifras del ministerio de Sanidad de ese territorio.
La Cámara de Diputados aprobó una resolución donde solicitó al presidente Gabriel Boric instruir al ministerio de Relaciones Exteriores integrar el Grupo de la Haya.
«A LA ALTURA DE LA HISTORIA»
Winter enfatizó que “la comunidad internacional ya está actuando. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención. Frente a eso, Chile no puede permanecer en silencio. Nuestra política exterior debe estar a la altura de su historia”.
El Grupo de La Haya fue constituido en enero pasado en respuesta a las graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por el Estado de Israel, y ha promovido iniciativas como el cumplimiento de las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant; la suspensión del suministro de armas a Israel; el bloqueo de buques vinculados a la industria militar israelí y la revisión de todos los contratos para impedir que instituciones y fondos públicos financien la ocupación ilegal en territorios palestinos.
