La novena sala de la Corte de Apelaciones fijó para el 27 de enero decisión de si se admite la querella de capítulos que permitiría formalizar a la exministra de la Corte de Santiago Verónica Sabaj, acusada de delitos de cohecho agravado, prevaricación judicial y violación de secretos.
Tras la audiencia de hoy, donde se realizaron los alegatos y discusiones del requerimiento, este quedó en acuerdo.
Es decir, la vista terminó y los ministros están deliberando; no hay un acuerdo final, sino que están en proceso de decidir.
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La causa investiga presuntos delitos relacionados con el desempeño profesional de Verónica Sabaj y su vinculación con el abogado Luis Hermosilla. La fiscalía acusa injerencias indebidas en causas judiciales, que habrían afectado sus resultados.
Los alegatos de ambas partes se extendieron por más de dos horas, período durante el cual la fiscalía expuso sus fundamentos, mientras que la defensa de Sabaj los cuestionó detalladamente.
ALEGATOS
Por parte del Ministerio Público alegó Eugenio Campos para que se acoja la querella contra Sabaj. El director de la unidad anticorrupción de la Fiscalía Nacional, aseguró que existen indicios que muestran que en al menos dos causas judiciales la exjueza pudo haber intervenido a para influir o modificar los resultados de los procesos.
En tanto, el abogado de la exmagistrada, Isidro Solís, aseguró que la intervención de la destituida ministra se centró principalmente en aspectos procesales y que, «siendo esto un requisito de procedibilidad, y también una acción cautelar, el Tribunal lo que tiene que hacer es, para dar curso a la querella de capítulo, hacer un análisis muy riguroso respecto de si los hechos que le han sido presentados efectivamente, se encuadran dentro de los tipos penales que se dicen infringir», indicó Solís.
Es decir, la defensa no desestimó las imputaciones en sí —cohecho agravado, prevaricación judicial y violación de secretos—, sino que se focalizó en la calificación jurídica de las conductas.
En septiembre pasado el Pleno de la Corte Suprema aprobó la destitución de Sabaj tras consignar que “incurrió en un mal comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia”.
