Un recurso de amparo presentaron 131 internos de Punta Peuco ante la resolución de Gendarmería del 3 de junio pasado que limita el número de personas que pueden estar registrados o “enrolados” para visitar a cada recluso.
A su juicio, la determinación vulneraría sus derechos fundamentales.
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La Resolución Exenta N°6.622 de Gendarmería data de 2020 y limita a un máximo de diez las visitas que pueden registrar las personas privadas de libertad. La medida no había sido usada en este penal, que es donde cumplen sus penas condenados por violación a los derechos humanos durante la dictadura.
Ahora Gendarmería decidió aplicarla.
«ARBITRARIO E ILEGAL»
El recurso de amparo fue presentado por la abogada Carla Fernández en representación de Manuel Provis, Miguel Arias, Rolando Melo, Arturo Silva, Hugo Fernández, Patricio Ferrer, Juan Duarte, Orlando Altamirano, Osvaldo Muñoz y Juan Moral, entre otros, todos exfuncionarios de las fuerzas armadas o de la CNI.
El escrito argumenta que la medida adoptada por Gendarmería es un “acto inmotivado, arbitrario e ilegal que altera la situación jurídica preexistente de mis representados y afecta la dignidad de las personas recluidas que represento, y hace más dura y compleja las condiciones en que se desarrolla la vida de ello”.
Esto, porque son “obligados a reducir radicalmente su círculo de apoyo familiar y social, enfrentándose a la disyuntiva de tener que elegir entre sus seres queridos o sacrificarlos por otras personas”.
«MALTRATO O TORTURA»
El texto recalca, también, que esto produce «daño y sufrimiento en la población penal», que constituye «un maltrato o tortura hacia los internos afectados» y que «termina afectando su seguridad individual y mancilla su dignidad, habida cuenta que Gendarmería les impone una suerte de ‘costo de oportunidad personal’ demasiado alto”.
“Lo que hace el ente penitenciario en la práctica es diluir la red de apoyo de mis representados, minimizándola lo más posible, y colocándolos en una situación francamente incompatible con la dignidad de un ser humano viejo, enfermo y encarcelado”, agrega el requerimiento judicial.
¿VENDETTA?
El escrito ingresado por Fernández incluso apunta a una posible vendetta por un dictamen de la Corte de Apelaciones (que fue confirmado por la Corte Suprema) que dejó sin efecto otra de las medidas aplicadas por la institución penitenciaria, donde se restringían los horarios y días de visita a los internos de Punta Peuco.
Según la abogada, sus representados “ven esta actitud de Gendarmería de Chile como una ‘vendetta’ por el reciente fallo”.
Por si esos fuera poco, sostiene que la decisión de Gendarmería “representa un ‘desacato encubierto’ a estos dos fallos, ya que sus efectos positivos para los internos, no se ven materializados en la población penal”.
Al respecto la Corte solicitó a la institución penitenciaria un informe sobre la situación para resolver si existe la alegada vulneración a los derechos humanos de los reclusos de Punta Peuco, publicó La Tercera.
