Una bomba de racimo estalló en la C. Suprema, señaló el Pdte. Asoc. de Fiscales en la Entrevista a fondo de Marcos Borcoski.
Francisco Bravo López, Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, sostiene que la situación de Ángela Vivanco reviste “consecuencias aún no desplegadas”.
Enfatiza que la Corte Suprema no debería designar a ministros o fiscales (…) “es un tribunal y tiene que dedicarse a lo que un tribunal hace, que es dictar resoluciones judiciales”.
– Hay que cambiar el sistema de nombramiento de jueces y fiscales, precisa.
Haciendo un breve alto en su trabajo, en el Centro de Justicia, el Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), Francisco Bravo, hizo un escueto comentario acerca del terremoto que provocaron las revelaciones sobre los estrechos contactos de la magistrada Ángela Vivanco con el abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva.
-Como ANF, vemos con preocupación lo revelado, por su gravedad y hasta sus consecuencias aún no desplegadas, pero creemos en el principio de que deben funcionar las instituciones por sobre las personas, como lo ha hecho este lunes el Pleno de la Corte Suprema.
Francisco Bravo López es un hombre de rostro y trato amables.
Mantiene una actitud abierta, franca, a pesar de las preguntas de este reportero. En su oficina del Centro de Justica, habla en tono bajo y por momentos casi imperceptible para enfatizar algunas frases. Está convencido de que se deben producir cambios profundos en los nombramientos de jueces y fiscales y, advierte, “la Corte Suprema no debería intervenir en tales nominaciones”.
Señor Bravo, la Fiscalía tiene una gigantesca tarea por delante y con la mirada de la ciudadanía sobre este escenario, ¿cree que el teléfono de Hermosilla sigue siendo una bomba de tiempo?
-Como dijo el ministro de Justicia, es una Caja de Pandora.
Evidentemente era previsible que del teléfono del abogado Hermosilla surgieran contactos, comunicaciones entre mucha gente que está ligada al sistema de justicia.
Pueden ser ministros e incluso también fiscales.
Yo lo he dicho reiteradamente, que las comunicaciones entre los fiscales y los abogados no es una cosa infrecuente o irregular.
Se reacomoda en el sillón tras el escritorio en su muy sobria oficina del Centro de Justicia de la avenida Pedro Montt y enfatiza que los fiscales trabajan con los defensores públicos y privados y las fiscalías operan dentro de los márgenes legales y de las instrucciones de la Fiscalía Nacional y de las fiscalías regionales.
-Somos una institución jerarquizada y por lo tanto las instrucciones del fiscal Nacional para nosotros son obligatorias.
ERA PREVISIBLE LO QUE SURGIRÍA DEL TELÉFONO DE HERMOSILLA
Francisco Bravo se maneja bien en el Caso Audios, que tiene en el centro de la noticia y ahora tras las rejas el otrora y quizás aún poderoso abogado Luis Hermosilla, que ha tenido nerviosos a personeros transversales, del mundo judicial, del Parlamento y de Palacio.
Reconoce que los contenidos al abrir el “teléfono del diablo” como le han bautizado algunos, eran previsibles y de sus entrañas surgirían conversaciones, “chats”, mensajes, diálogos, fotografías y videos. Se sabía que iban a surgir comunicaciones que eventualmente pudieran poner en tela de juicio la confianza de la ciudadanía.
Por eso -enfatiza-, es muy importante que esas comunicaciones se sepan, cuáles son y si efectivamente están al margen o no de lo que son nuestras obligaciones, nuestro mandato.
Si lo están, es evidente que esas personas tienen que asumir la responsabilidad que corresponde.
Se apoya en el respaldo de su butaca, sonríe y niega con un movimiento de cabeza cuando le pregunto su parecer sobre el comentario del Presidente Boric de que es bueno que los poderosos vayan a la cárcel.
-Bueno, -dice-ahí voy a abstenerme de opinar sobre los dichos del Presidente, porque como fiscales tratamos de estar lo más al margen posible del debate político. Nosotros entramos al debate jurídico en el momento o el lugar donde trabajamos, que son los tribunales.
ESTAMOS TRANQUILOS PORQUE SI UN FISCAL TUVO CONTACTO CON HERMOSILLA ESTÁ DENTRO DE LA LEY
Como Asociación de Fiscales estamos muy tranquilos porque tenemos claro —no puedo hablar por todos— que la inmensa mayoría de los fiscales, si tiene alguna comunicación con algún abogado está dentro de los márgenes de la ley y de los lineamientos que la Fiscalía Nacional. Y desde ese punto de vista consideramos que no encontramos ningún inconveniente en que el abogado pueda dar a conocer ciertas comunicaciones. No dará a conocer aquellas comunicaciones que están protegidas por el derecho a la privacidad de su mismo cliente y el secreto profesional.
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El Caso Audios tiene material para continuar en lo titulares de los medios y en la semana se publicó que uno de los mencionados en el celular de Hermosilla es del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus. En el Parlamento no esperaron mucho y anunciaron una acusación constitucional en su contra.
Francisco Bravo tiene una buena impresión del supremo y dice que este es uno de los efectos que han surgido tras las conversaciones de Matus con Hermosilla.
-En lo personal, tengo una buena opinión de Jean Pierre Matus.
Me parece que es un penalista de destacada trayectoria, sin duda uno de los grandes penalistas en Chile hoy, más allá de sus opiniones.
EL MINISTRO MATUS TIENE LOS MÉRITOS PARA LLEGAR A LA CORTE SUPREMA
Creo que tenía méritos suficientes para llegar al máximo tribunal de la República, y de ese punto de vista yo no tengo ningún cuestionamiento. Los diputados pueden ejercer legítimamente sus facultades y una de esas es hacer efectiva la responsabilidad de los ministros de la Corte Suprema a través de las acusaciones constitucionales. Es un mecanismo que está en la Constitución y el ministro podrá ejercer su derecho a defensa.
Más allá de eso, no me parece oportuno o prudente opinar.
El Caso Audios es hoy como un erizo que lanza espinas cuando es amenazado y una de esas espinas apunta, quizás tangencialmente, a la Fiscal Lorena Parra, quien aparece en el mentado celular y hoy es la parte acusadora en el proceso a Hermosilla. El Fiscal Bravo recuerda que Parra reconoció ese contacto con Hermosilla, pero –dice– si bien tiene una explicación lógica, «mejor habría sido bueno que antes de conocerse ese contacto, Parra lo contara».
-Ella era Fiscal que llevó a cabo uno de los juicios del sacerdote O’Reilly en el cual Hermosilla era su defensor.
La fiscal Parra era muy reconocida como investigadora en materia de delitos sexuales.
Aquí surge esta situación del envío de un currículo al señor Hermosilla y, claro, quizás yo creo que habría sido bueno que eso se conociera antes.
LA FISCAL LORENA PARRA HA HECHO UN BUEN TRABAJO Y ES LO QUE HA OCURRIDO EN LAS AUDIENCIAS.
Creo que, más allá de eso, y es importante en definitiva, la demostración o no de si los fiscales, la fiscal Parra incluida, están haciendo bien su trabajo; es lo que ha ocurrido en los últimos días en la audiencia de formalización, donde ella encabezó este equipo de fiscales que pidió la prisión preventiva. Eso da cuenta de la objetividad con la que están actuando y de que estos contactos que se produjeron hace un par de años, no han afectado la independencia ni la objetividad con la cual deben actuar los ficales y que, por lo demás, ella no está actuando sola en este equipo de fiscales bastante destacados y de larga trayectoria, especializados en este tipo de temas.
Le pregunto al Fiscal Bravo sobre el caso del ahora exfiscal Manuel Guerra, quien también tuvo contacto con Hermosilla durante la indagación del financiamiento ilegal de la política. Incluso se le indaga su patrimonio. Tiene dos abogados defensores: Felipe Polanco y Ricardo Freire, este último, fue fiscal entre 2002 y 2012.
Entre 2008 y 2009, fue abogado asesor del entonces Fiscal Nacional, Sabas Chahuán.
¿No le parece lógico que quienes no están al tanto del ámbito judicial se extrañen de que un Fiscal que fue acusador, hoy esté en la trinchera de la defensa?
-Yo entiendo la incomprensión en que puede incurrir la ciudadanía de que ciertos abogados asuman distintos roles.
El ejercicio libre de la profesión es así, como el caso del abogado Freire, a quien yo conozco, fue dirigente de la Asociación de Fiscales.
Yo tengo un gran aprecio por Ricardo.
Pero él es un abogado privado y tiene el legítimo derecho a ejercer su trabajo y si fue contratado por el señor Guerra junto a Felipe Polanco, a quien también conozco y tengo un gran aprecio y buena opinión como profesionales.
FISCAL GUERRA: MÁS ALLÁ DE SU RESPONSABILIDAD EN LOS HECHOS, TIENE DERECHO A DEFENSA
Hay que entender que más allá de la responsabilidad o no que tenga Manuel Guerra en los hechos, él tiene—como todo el mundo—su derecho a la defensa y contrata a dos buenos y reconocidos abogados y me parece completamente legitimo.
Eso es distinto a la discusión de fondo que haya que tener respecto de las relaciones de Guerra con Luis Hermosilla y los eventuales acuerdos a que se llegaron en el marco del caso Penta, la suspensión condicional del senador Moreira, en la situación de los controladores Délano y Lavín, que finalmente no se les acusa a ellos del delito de cohecho, se saca el delito de cohecho y terminan condenados por otro tipo de delitos.
Ese tipo de situaciones –dice con énfasis– tienen que ser investigadas a fondo y, por supuesto, dentro del contexto de esta investigación es natural que se le investigue el patrimonio, es completamente natural, es parte de las diligencias que cualquier fiscal haría cuando investiga este tipo de hechos.
Desde que surgió el Caso Audios la ciudadanía comenzó a enterarse de un entramado y una suerte de telaraña en que parece que nadie está fuera de esa conspiración de corrupción y las personas a quienes solíamos ver como intachables, parece que ya no lo son tanto. La ciudadanía, entonces, se transforma en severos jueces y magistrados para enrostrar a quienes durante años nos entregaron una imagen de probidad.
Fiscal, ¿había usted observado una crisis tan grave de la institucionalidad en Chile? Todo indica que esta situación es transversal. Hay incredulidad en la gente.
-En el país, cada cierto tiempo surgen estas situaciones de desconfianza hacia las instituciones en general.
El caso MOP Gate y el tema de los sobresueldos. Esa fue una crisis profunda y además permitió hacer un gran acuerdo durante el gobierno del Presidente Lagos, y hubo una serie de modificaciones para transparentar la realidad de la administración pública y luego vino la gran crisis, creo que fue en 2015 o 2016, con el financiamiento ilegal de la política.
Yo creo que esa fue la otra gran crisis en donde todas las instituciones, de alguna manera, fueron cuestionadas.
ESTAMOS VIVIENDO UNA CRÍSIS DE CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL QUE NO ES NUEVA
Pero ha habido otras situaciones con el tema de las colusiones, estuvieron las colusiones de las farmacias, de los pollos, del papel higiénico. Cada cierto tiempo la gente se pregunta ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo es posible que exista este tipo de situaciones, de abusos?
LA CORTE SUPREMA DEBE DEDICARSE A LO QUE ES: UN TRIBUNAL Y DICTAR RESOLUCIONES JUDICIALES
-Yo, desde que tengo uso de razón como abogado, hace más de 30 años, recuerdo el cuestionamiento y la crítica que se hacía a la llamada “cultura del besamanos” para poder ser juez, para poder ser ministro de Corte, para llegar a la Corte Suprema.
Entonces hay que, de una vez por todas, asumir esta situación, tomar el toro por las astas y decir: veamos el sistema de nombramientos que tenemos, de jueces y del sistema de nombramiento de fiscales.
El tema de los jueces no me compete a mí directamente, pero sí que la Corte Suprema no puede tener estas facultades de gobierno judicial. La Corte Suprema es un tribunal y tiene que dedicarse a lo que un tribunal hace que es dictar resoluciones judiciales.
DESIGNACIÓN DE JUECES DEBERÍA ESTAR EN UN ÓRGANO APARTE DEL PODER JUDICIAL
El Presidente de los Fiscales habla con seguridad cuando argumenta que la designación de jueces y fiscales debería entregarse a un organismo distinto y aparte del Poder Judicial.
Ahí –precisa– se verían los ascensos, las evaluaciones, etc., que sea más transparente y más participativo.
Lo mismo para los fiscales, en que el mérito sea el aspecto central a considerar a la hora de nombrar un fiscal regional o al Fiscal Nacional.
Le preguntaba si hay una crisis institucional porque es como que están en los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Es transversal.
-Sí, porque en el caso de la Fiscalía, en el caso del Fiscal Nacional, todos los poderes del Estado tienen algo que decir.
Eso en sí mismo creo que no es malo porque tampoco es un sistema que es único en Chile y que tiene la lógica de que mientras todos los poderes del Estado participen, se supone que esas personas van a tener un grado de legitimidad mayor.
DESIGNACIÓN DE JUECES Y FISCALES: HAY QUE PONER FIN A LAS “BRECHAS” Y EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS
El Fiscal Bravo es muy didáctico para explicar lo que el actual sistema produce y denomina como brechas el tráfico de influencias y se producen el “oye, ayúdame con esto”; “oye, conversa con tal persona”; “consígueme un voto en la Corte”.
-Entonces el llamado “de verde ingratitud” es complejo. El ministro asume y dice:
“Bueno, yo ahora soy ministro y muy bien que me hayas ayudado, pero si hay algo que te perjudique, mala suerte.” Pero eso muchas veces eso podría interpretarse tan rigurosamente como la ingratitud.
Yo creo que hay que caminar para cambiar el sistema porque hay que terminar con estas brechas del tráfico de influencias, de la conversación, del “besamanos”, de ir a la oficina de un ministro para que vote por tal o cual persona o el llamado telefónico, hoy posiblemente la gente no va a las oficinas del ministro, para eso existen los teléfonos, existen los WhatsApp.
Hay que transparentar esto, incluso en las mismas designaciones, la gente tiene algo que decir, algo que opinar, que se generen mecanismos de participación, espacios donde la gente pueda decir “estoy de acuerdo” o “no estoy de acuerdo”; “quiero saber de este señor, cuál es su patrimonio”; “si este señor candidato a qué cliente representó, cuáles son los intereses que representa”.
HAY QUE TRANSPARENTAR A QUIENES POSTULAN A MAGISTRADO Y FISCALES
Eso es importante que se sepa.
Tiene que haber mecanismos que permitan transparentar a cada candidato, cuál ha sido su trayectoria, quién le ha pagado sus honorarios respecto de una causa u otra. Eso es importante, porque eso también es un criterio para definir si esa persona es idónea o no para el ejercicio del cargo.
Como este reportero, se escucha a la gente en la calle, en el micro o en el Metro y se advierte la duda, la desconfianza que ha generado esta situación en la ciudadanía que cree que todo el sistema está maleado y se lo preguntamos al Fiscal Bravo. Y el tema confianza y desconfianza vuelve a surgir.
Bravo recuerda que un indicador señaló que Chile, en el concierto latinoamericano junto a Uruguay y Costa Rica son los países que tienen, quizás, los mejores niveles de transparencia, de probidad, de reconocimiento institucional. Pero también reconoce que se ha ido bajando de confianza lo que considera grave porque los funcionarios que trabajan en la administración de justicia se deben a la ciudadanía.
TENEMOS UN ESTÁNDAR SUPERIOR, UNA EXIGENCIA SUPERIOR.
-Y eso es importante, nosotros tenemos un standard superior, una exigencia superior al común de la gente.
Nosotros tenemos que tener, obviamente, la disposición absoluta para que se nos escrute.
“Bueno, den cuenta de lo que hacen, en qué invierten los recursos, si tiene conflictos de interés, si no los tiene”; “¿por qué toma esta decisión?, ¿por qué toma esta otra decisión”?
Y eso la ciudadanía tiene pleno derecho a saberlo.
En eso tenemos que avanzar.
Leyendo los titulares de los diarios, escuchando las radioemisoras y los noticiarios de la TV, los diarios electrónicos, los reporteros a menudo nos estamos preguntando, con toda esta situación en que quienes una vez fueron probos y hoy están tras las rejas y quizás otros van por ese camino, y entonces la pregunta inquietante que surge es ¿Qué mensaje le entregamos a los chilenos?
-Me preocupa eso particularmente.
En general, el mensaje que le podemos entregar a las futuras generaciones, porque uno enseña con el ejemplo.
Cada vez que digamos o hagamos algo lo están viendo o escuchando muchachos que hoy se están formando.
Me siento interpelado por la formación ética de los abogados. ¿Qué pasa con el control ético de los abogados? Hay un Colegio de Abogados, pero la mayoría de los abogados no son colegiados y el control ético es solo para los colegiados.
TIENE QUE HABER UN CONTROL EN EL EJERCICIO DE LOS ABOGADOS
El Fiscal Bravo no se detiene y afirma que en ese aspecto tiene que haber un control en el ejercicio profesional.
-Una normativa y un órgano vinculante –dice– que controle a los abogados en ejercicio. Hay gente que se queja y dice: “este abogado me dijo tal cosa, me cobró y después no era cierto lo que me dijo” y eso es recurrente escucharlo. Me da un poco de pudor como abogado.
Tenemos que preocuparnos de la formación ética de los abogados y del control ético de los abogados.
Y aquí hay que avanzar hacia una institucionalidad, un órgano que haga un control obligatorio y todos los abogados estén sometidos a este control ético.
EL CRIMEN ORGANIZADO AMENAZA A LOS FISCALES
A menudo hemos escuchado que los jueces, al dictar una sentencia, a veces muy impopular en la opinión pública porque se ha dejado en libertad a delincuentes, el magistrado argumenta que no contó con los suficientes antecedentes entregados por la fiscalía.
Entonces le preguntamos ¿Mediante las actuales leyes, los fiscales ¿se sienten respaldados en su actuar ante los jueces?
-Yo creo que ha habido un esfuerzo de parte del Poder Legislativo y Ejecutivo de proteger la función de los fiscales en términos de poder ejercer adecuadamente. Se promulgó una ley que sanciona la reincidencia, pero también incide en la protección para los fiscales.
Y se refiere a un punto importante que tiene que ver directamente con el cuadro de inseguridad ciudadana generado por el crimen organizado. Y lo cierto es que todo indica que los fiscales, aquellos que acusan ante un tribunal a los delincuentes, no lo están pasando bien.
Reciben amenazas directas y hasta agresiones.
-Los fiscales hoy día tenemos un gran problema de seguridad producto del crimen organizado.
Muchos fiscales están expuestos a sufrir amenazas, atentados.
Nosotros hicimos hace un par de años una encuesta en que se reveló que un buen porcentaje de fiscales había sido amenazado, incluso agredidos.
Hay un convenio de seguridad que se firmó con el Poder Judicial y creo que es un avance.
Si eso es suficiente o no, creo que todavía falta que haya una política de Estado, que avance hacia una política de seguridad para los operadores de la justicia, incluidos los jueces. Los fiscales estamos más expuestos. Nosotros pedimos la prisión preventiva para el imputado, nosotros acusamos y entonces somos la cara de la persecución penal y por lo tanto tiene que haber una política de seguridad paras los fiscales.
EL CRIMEN ORGANIZADO BUSCA CONTROLAR EL PODER JUDICIAL
El término crimen organizado ha pasado a formar parte del vocabulario de los chilenos.
Antes era solo parte de un guión de cine, pero hoy está las calles de Chile. Asesina, trafica con drogas, actúa en el tráfico de personas, secuestra, impone el sicariato e implanta el chantaje.
Prácticamente cada día los noticiarios abren con los hechos delictuales.
Muchos nos preguntamos si el crimen organizado, con todo el poder que tiene y lo ha demostrado, busca infiltrar el Poder Judicial. El fiscal se toma unos segundos para dar una respuesta y esta es de por sí preocupante o alarmante.
-Con las experiencias de otros países, el crimen organizado no busca solo controlar territorios —advierte— sino que controlar al Estado, penetrar a los órganos del Estado y particularmente y es evidente, el Poder Judicial.
Yo creo que hoy todavía tenemos una institucionalidad sana.
Las situaciones que conocemos son excepcionales. Yo creo que los jueces en Chile son probos y también los fiscales.
Creo que más allá de las criticas legitimas que puede haber, creo que los jueces y fiscales son, en su inmensa mayoría, personas que tienen una vocación de servicio público.
No puede haber ningún tipo de cuestionamiento respecto de su rectitud.
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El Presidente de la asociación de Fiscales es un convencido de que la situación que se ha producido con el Caso Audios es la oportunidad precisa para hacer los cambios necesarios e importantes para la designación de magistrados y fiscales.
Y al tenor de los acontecimientos conocidos es el momento adecuado.
Hay que iniciar la tarea ardua, difícil y cuesta arriba para recobrar la confianza de la ciudadanía en una de las instituciones más cuestionadas de los últimos tiempos. ¿Se podrá aplicar hoy eso de “pagar justos por pecadores”?
¿O acaso son más los pecadores que los justos?
