Irina Karamanos negó haber realizado transferencias a la controvertida Fundación Procultura, un hecho que abriría una nueva línea de investigación en el Caso Convenios.
Esto ocurrió después de que un informe de la PDI revelara dichas transacciones.
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EL CASO
Según El Mostrador, un peritaje de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) detectó cinco abonos realizados por la socióloga a una cuenta de Procultura, fundación cocreada por el psiquiatra Alberto Larraín.
Dicha institución cesó sus operaciones tras denuncias de contrataciones irregulares de personal y de la adjudicación de convenios con sobreprecios.
De acuerdo con el medio citado, la PDI apuntaba a que Karamanos habría estado devolviendo fondos de proyectos adjudicados para fines políticos. El informe puntualiza cinco abonos emitidos entre agosto de 2021 y enero de 2022, que el Ministerio Público habría entendido como reintegros de fondos a Procultura.
LA EXPLICACIÓN DE KARAMANOS
A través de una declaración, la ex primera dama negó “categóricamente haber abonado monto alguno a la Fundación Procultura, entidad a la que presté servicios desde mayo de 2021 a febrero de 2022 por un monto de $973.500 mensuales”. Además, desmintió “rotundamente” su participación en cualquier forma de financiamiento irregular de la política.
En la publicación del medio citado también hay una arista penal ligada al Ministerio Público que se habría frenado. Esto, dado que quien tenía asignada la indagatoria del Caso Convenios es el ahora suspendido fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.
El persecutor fue apartado de sus funciones luego que se revelaran públicamente chats suyos con el abogado Luis Hermosilla en los que se daba cuenta de sus gestiones para llegar a ser fiscal nacional. Esto en el marco del denominado Caso Audios.
En este contexto, la información sobre los abonos de Karamanos fue evacuada en un informe el 24 de junio de este año y fue enviado a la Fiscalía un día después.
Según El Mostrador, ese mismo día se le comunicaron los hallazgos al fiscal nacional, Ángel Valencia, y también se le habría informado que citarían a declarar a Karamanos en calidad de imputada para aclarar las transferencias.
Al día siguiente -según el citado medio-, el fiscal Palma fue removido de la causa y, en su reemplazo, se designó al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
REPUBLICANOS ARRETEMEN CONTRA KARAMANOS
Primero, parlamentarios y personeros del Partido Republicanos acudieron al Palacio de La Moneda para dejar una carta en donde le exigen al presidente Boric que dé explicaciones sobre la situación.
“Todo esto tiene que ser explicado personalmente por el presidente de la República y, en especial, si es que hubo algún contacto con la Fiscalía Nacional para paralizar esta investigación por el Caso Procultura, que yo creo que es parte más grave de lo que se denuncia en esta publicación de El Mostrador: que eventualmente habría existido una intención detrás de este cambio del fiscal a cargo de la investigación, conducente a que la investigación no avance“, sostuvo el diputado y jefe de bancada de la colectividad, Luis Sánchez.
“Eso sería gravísimo, habría una afectación directa a nuestra democracia como país y eso involucraría eventualmente de forma directa al presidente de la República. Entonces, él tiene que dar las explicaciones no a la bancada de diputados del Partido Republicano, sino que a Chile entero», aseguró.
«¿Qué contacto tuvo con don Alberto Larraín en esta materia? , ¿por qué es que esta investigación, habiendo transcurrido ya tanto tiempo, está completamente paralizada y qué interés hubo detrás de esto? ¿Qué contacto tuvo con el gobernador regional de Magallanes? ¿Hubo un interés de proteger a su expareja Irina Karamanos?“, añadió.
«GRAVÍSIMO»
Tras acudir a La Moneda, los diputados republicanos presentaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional por eventual obstrucción a la justicia en las decisiones que habrían paralizado la investigación contra Procultura.
Paralelo a esta situación, Chile Vamos emitió una declaración en donde dicen que las investigaciones del Caso Convenios no pueden seguir siendo dilatadas.
