Pese a los votos en contra de la derecha, en la Cámara de Diputados, se leyó la acta secreta de los miembros de la Junta donde se excluyó a las Fuerzas Armadas del sistema de AFP, donde Pinochet pide «una redacción tal que lleve encubierto lo que vamos hacer».
Pese a los votos en contra de la derecha, se leyó en la @Camara_cl al acta secreta de la Junta donde se excluyó a las Fuerzas Armadas del sistema de AFP, donde Pinochet pide «una redacción tal que lleve encubierto lo que vamos hacer.” pic.twitter.com/OnIf9kI7Xh
— Luis Cuello Diputado (@luiscuellop) June 18, 2024
En la década de los 80, José Piñera asiste a una segunda reunión para convencer a Pinochet y a los miembros de la Junta de las virtudes del nuevo modelo previsional que pretende instalar en Chile.
En el primer encuentro, que se realizó el martes 14 de octubre de 1980 y que quedó transcrito en el Acta N°398-A, el entonces ministro del Trabajo no había logrado convencer del todo a los militares y a su equipo legislativo de las virtudes del nuevo sistema, por lo que el jueves 16 sus argumentos tenían que ser más convincentes. Fueron esencialmente políticos y eso le permitió sintonizar de mejor forma con los miembros de la Junta.
Las reuniones las encabezaba Pinochet, secundado por los comandantes en jefe de la FACH y la Armada (Fernando Matthei y José Toribio Merino) más el director general de Carabineros (César Mendoza). Asistían también los ministros de Hacienda, Trabajo, Defensa y Salud; los subsecretarios de previsión social y legislación junto a los asesores jurídicos de cada rama castrense y los nueve integrantes de la Comisión Conjunta para el Estudio de la Previsión.
El martes Piñera no sólo había enfrentado los reparos de Pinochet, quien se resistía a entregar a manos privadas los ahorros previsionales de los trabajadores chilenos, sino también las aprehensiones que en el mismo sentido expresó el general Mendoza y algunos asesores. Pinochet desconfiaba de los emergentes grupos económicos -a quienes califica de “artistas”- y le pregunta de manera insistente al ministro Piñera respecto a “¿quién administrará la plata?”.
“Eso me produce alergia, porque también sé que hay varios señores que se están haciendo millonarios en este país, que han enviado gente a estudiar el sistema porque desean operar en él”. “He dicho que no estoy de acuerdo en el problema ése de que los capitales vayan a la parte privada. En realidad, no discrepo de ello, sino que me choca por estimar que los señores empresarios aún no están en capacidad para administrar 97 millones de dólares mensuales. Eso es lo que me produce angustia, porque día a día veo diversas cosas que suceden, y no vaya a ocurrir que de repente alguien parta con los 97 millones para el extranjero. Eso es lo que me causa cierta preocupación”.
Piñera tiene argumentos para tranquilizar al general. Responde que los dineros estarán colocados en documentos de inversión a resguardo en el Banco Central, que los ahorros previsionales son independientes del capital de las AFP, lo que los mantiene a salvo. Pinochet, no obstante, desconfía.
Lo cierto es que el general no está en desacuerdo con el nuevo modelo. Su preocupación es que no se roben la plata.
El almirante Merino y el general Matthei apoyan con más convicción la idea del ministro Piñera. El primero asegura que son “los políticos” quienes se robaron la previsión de los chilenos y el segundo alude a que lo mismo ocurre en Capredena, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional:
“Año tras año nosotros estamos pagando el 8%. Pero resulta que actualmente a los retirados (…), el 5% más o menos, lo paga la Caja y el resto, el Fisco. O sea, todo lo que se está invirtiendo se farreó en préstamos hipotecarios que no se cobraron o que se recuperaron mal, en malas inversiones, pésimas. Y, finalmente, el Fisco paga casi completas las pensiones de la mayoría de los retirados, y todo lo que se ha estado invirtiendo en cada uno se lo farrearon, se lo llevaron otros. Esto es solamente en Capredena. ¡Para qué hablar de las otras!”
Lo curioso de su intervención es que el sistema previsional de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) no es parte de la reforma que impulsa la dictadura y será el mismo Matthei quien, más adelante, insistirá en dejar totalmente fuera de la discusión a Capredena.
Es el general Fernando Lyon, asesor jurídico de Pinochet, quien ordena el debate y apunta a que lo primero es demostrar las eventuales deficiencias del sistema previsional de reparto y ver cómo el de capitalización individual promete superarlas. Tampoco hay acuerdo en que el antiguo modelo esté colapsado y en quiebra, hay quienes lo defienden.
El capitán de la Armada, Mario Duvauchelle, secretario de Legislación de la Junta, aclara los conceptos de fondo del debate y hace una relación de lo que se ha discutido enfatizando en puntos como éste:
«El sistema de capitalización individual que se propone está expuesto a diferentes riesgos: disminución de la tasa de interés, malas inversiones, diversificación monetaria, crisis económica derivada de factores económicos nacionales o internacionales. Frente a tales riesgos, argumenta esta observación, es imposible asegurar o garantizar una rentabilidad real de los capitales”.
Matthei interviene afirmando que todo sistema implica un riesgo. José Piñera dice que el modelo garantiza una rentabilidad mínima y que “la gente pobre en esto no está expuesta prácticamente a ningún riesgo derivado del sistema de capitalización, por cuanto el Estado siempre complementa sus ahorros hasta alcanzar el nivel de la pensión mínima”.
Como el obrero trabaja desde los 15, podría cotizar hasta 50 años
Más adelante, el ministro del Trabajo va más allá y expone un ejemplo que, visto con la perspectiva del tiempo, parece brutal.
“Pongamos el caso de un obrero que gana el ingreso mínimo, que en la actualidad es alrededor de 5 mil pesos. Hoy día la edad establecida para jubilar son 65 años y, como el obrero por lo general comienza a trabajar a los 15, podría cotizar hasta 50 años, pero supongamos que está desempleado durante 10 o que no labora en ese lapso. Si suponemos que impone durante 40 años –si son 50 es mejor– y que durante ese periodo la tasa de interés es del 5% real y que su remuneración aumenta a un ritmo de 2% al año, esa persona, que comienza con 5 mil pesos, jubila al final con 10.800 pesos cuando su ingreso final es de 12.200 pesos.
O sea, si un trabajador comienza ganando 5 mil pesos, al final de su vida activa aumenta su remuneración a 12.200 pesos y jubila con 10.500; vale decir, casi el 80% de su remuneración”.
El ejemplo es brutal no solo por la mañosa proyección que realiza el ministro, sino por la mirada implícita hacia el mundo de los trabajadores carente de humanidad. Es el mayor Gustavo Latorre, del Comité Asesor de la Junta (COAJ), quien rebate a Piñera.
“Si partimos de supuestos optimistas para lograr pensiones superiores a las actuales lo lograremos. Solamente deseo señalar que asegurar en este momento que esas pensiones serán superiores no es serio. Quisiera referirme, en primer lugar, a los mismos supuestos indicados por el Ministerio en el planteamiento del proyecto: si la tasa de cotización es del 10% y hubiera un crecimiento del ingreso real del 3%, el mismo señalado por el Ministerio, pero se cambiara sólo un supuesto, el de la rentabilidad o retorno del capital –el dado por el Ministro, del 5%, si lo bajara a 3%, que me parece más razonable en un crecimiento real de largo plazo–, al 3%, significa que después de 45 años, repito, estoy tomando el mismo ejemplo del Ministerio, sólo alcanzaremos casi un 40% del último sueldo en actividad”.
Esta intervención molesta a Piñera y rebate argumentando que el proyecto contempla 15 páginas de tablas con proyecciones y supuestos respeto a las eventuales rentabilidades futuras y que es imposible asegurar cuál será la tasa de retorno que tendrán los trabajadores. De esto se desprende que las AFP eran en ese momento una apuesta, cuyo éxito o fracaso era imposible anticipar.
Pero esto no los exculpa del desastre, pues los integrantes de la comisión previeron aspectos esenciales que iban destinados al fracaso y las mujeres fueron las grandes perjudicadas. El punto lo expone el secretario de legislación, capitán de la Armada, Mario Duvauchelle.
“El sistema de capitalización propuesto como base de un nuevo régimen de pensiones, en reemplazo del actual sistema de reparto, perjudica gravemente a las mujeres trabajadoras”. “Las mujeres tienen un promedio de vida de 72 años y una vida activa de 18 años. Por lo tanto, en la medida en que los hombres tienen una vida activa de 42 años y en la medida en que el señor ministro del Trabajo en el ejemplo que dio de los muchos que pudiera haber puesto, como lo señaló, se refiere a un hombre con 40 años de vida activa, indudablemente que el nuevo sistema no los perjudica. Pero sí dañará a la mujer, que tiene una vida activa de 18 años, porque requerirá a lo menos 40 para poder obtener la pensión equivalente”.
La respuesta del ministro Piñera a este punto, por decir lo menos, resulta sorprendente. Reconoce la falencia, pero dice que sólo afecta a las mujeres que tienen hijos ya que están obligadas a dejar de trabajar, lo que se subsana, asegura, con “pensiones de sobrevivencia para la viuda”, sin considerar siquiera la maternidad como algo fuera del matrimonio.
Destaca, además, una “ventaja” del nuevo sistema en comparación al antiguo. “Nadie pierde un peso de sus aportes; o sea, si una persona trabaja dos años y aporta algo, ese algo lo saca, quizás no en la forma de una pensión, pero lo retira.”
En esta acta, al menos, el tema no volverá a ser abordado.
Finalmente, es el secretario de Legislación quién enfoca la discusión en su aspecto central y llama a los integrantes de la Junta Militar a zanjar ese punto antes de continuar con el debate del proyecto.
“Creo que correspondería decidir si se opta o no se opta por el sistema de capitalización en materia de pensiones, porque de no resolverse, como el proyecto está planteado sobre la base de dicho régimen, de acordarse lo contrario no se podría continuar con todo el planteamiento de la iniciativa”.
Es el tema de fondo: respecto al cambio de un sistema de ahorro colectivo a uno de carácter individual -reparos más, reparos menos-, todos asumen estar de acuerdo con el nuevo modelo que sepultará la lógica solidaria del antiguo sistema de reparto.
Pinochet no confía en los grupos económicos
La capitalización individual va en sintonía con la nueva doctrina económica. Pero sorprende aquí una intervención del general director de Carabineros, César Mendoza. Éste dice estar de acuerdo con las AFP, pero al igual que Pinochet, expresa su preocupación por que la plata queda en manos privadas y, dado los volúmenes de dinero, advierte sobre la gran concentración económica y de poder que podría producirse en el futuro.
“Todo tiende a pasar a manos privadas, particulares. Por otra parte, recién se ha aprobado una Constitución en la cual se dan al Presidente atribuciones mucho más allá de las que tuvo antes. Pero resulta que llegará un momento en que los particulares podrán decirle al Primer Mandatario (…) «Presidente, quédese en su despacho tranquilito, porque quienes manejamos el negocio somos nosotros»(…) “ y el Gobierno mismo quedaría entonces en una posición en que solamente tendrá que representar la parte represiva, pues cada vez que se suscite alguna protesta sobre el manejo o la marcha de los sistemas mismos, de cómo están funcionando, los empresarios exigirán de parte del Gobierno la represión de determinados brotes de protesta”.
Estas premonitorias palabras de Mendoza le hacen sentido a Pinochet, quien reitera su desconfianza de los grupos económicos e insiste en que los fondos sean administrados por el Estado. Ignoran que la Constitución política que acaban de aprobar se los impide.
“Entonces, aquí van a aparecer dos o seis imperios del dinero, que lo manejarán ellos (…) Por consiguiente, a la larga, como apunta el general Mendoza, controlarán el Estado. Eso es lo peligroso. No será ahora, sino que con el tiempo”. “A mediano o largo plazo lo harán”, responde Mendoza, y Pinochet anticipa que “en ocho o diez años tendrán al país en sus manos”.
Matthei es quien interrumpe la conversación y se apura en aclarar que él no tiene ningún interés particular en la iniciativa, pero insiste en que está de acuerdo con la filosofía del proyecto y el debate se centra nuevamente en la posibilidad de que sea el Estado quién maneje los fondos. La discusión la zanja el Capitán Duvauchelle citando lo que establece la nueva Constitución.
“El Estado no puede dedicarse a actividades con fines de lucro y el administrador es sociedad anónima, con fines de lucro. Habría un problema de constitucionalidad”.
Matthei entiende entonces que “esto responde a la nueva Constitución que recién se aprobó” y como el proyecto de Piñera indica que los fondos deberán ser administrados por sociedades anónimas, el Estado queda fuera, ya que la lógica del sistema de capitalización es generar lucro para que los fondos obtengan rentabilidad, si los administra el Estado esto no es posible, concluye el comandante en jefe de la FACH.
“Es igual que usted guardara su plata bajo el colchón. En realidad, la base de la buena jubilación es la capitalización, o sea, que tenga que ser invertido para que dé rentabilidad. Si la rentabilidad es cero, esto es un desastre”.
