El pasado 21 de febrero, un grupo de personas que se hicieron pasar por personal de la PDI, secuestró desde su casa al exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno en Independencia y su cuerpo apareció casi 10 días después, enterrado y dentro de una maleta, en una toma en Maipú.
Primero, se informó como causa de muerte «asfixia mecánica posicional»; luego, el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, aseguró que se había utilizado un elemento de «tracción» en el crimen.
Y finalmente se conoció el certificado de defunción del Registro Civil, que consigna «asfixia por suspensión», según Ex-Ante.
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El médico forense y vicepresidente de The World Association for Medical Law (Waml), Luis Ravanal, explica que «el primer diagnóstico, que es asfixia posicional o postural, solo se puede hacer por parte del que concurre al sitio del suceso y constata que el cuerpo está en una posición tal que impide el paso del aire».
El segundo, dice, apunta a «una acción mecánica directa, por compresión del cuello, usando algún elemento inespecífico, eso correspondería, desde el punto de vista médico, a alguna asfixia por estrangulación».
Y la tercera causa -la del certificado, advierte- «es la asfixia que se diagnostica o denomina como ahorcamiento», por lo que, a su juicio, «tendríamos una serie de indicadores que hablan más de dudas» que de certezas.
En paralelo, la familia busca justicia agotando todas las instancias y su abogado Juan Carlos Manríquez recurrirá a la Corte Penal Internacional.
