«Están plenamente identificados quiénes con su puño y letra favorecieron» la densificación de la zona, afirmó la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, en medio de la polémica en la comuna por el caso del edificio Kandinsky, que se encuentra en peligro de derrumbe por un socavón que se abrió a un costado de la construcción, ubicada en el límite con las dunas.
La jefa comunal explicó que la edificación de la zona comenzó en 1984, “cuando se venden esos terrenos al mundo privado, en medio de la dictadura. En 1993 se gravó esta zona como Santuario de la Naturaleza La Punta de Concón, donde una parte era de Viña del Mar. En 1994, gracias a un lobby feroz, bajó de 50 a 12,5 hectáreas, y se siguió disminuyendo hasta quedar en 2,3. Todo lo construido ya estaba cuando llegamos.”
Sobre la urbanización en las dunas mismas desestimando la “información científica en relación a no recomendar construir”, dijo que esa decisiones pasaron por “personas muy determinadas y que están inscritas como responsables en nuestra historia. Personas que vendieron, que hicieron esos traspasos de áreas fiscales. Y que luego disminuyeran las hectáreas del área protegida”: entre ellas, quienes impulsaron el cambio de uso de suelo, quienes estuvieron en el plan regulador comunal de 1995 y de 2002, y “todas las autoridades que tuvieron un lobby feroz y que optaron decididamente por la opción de densificar”.
Ripamonti se refirió también a proyectos inmobiliarios paralizados para proteger el medioambiente en la comuna; «en varios, más de seis, hemos recibido requerimientos de vecinos a propósito de la construcción o de proyectos en humedales y en ecosistemas sensibles y estratégicos para el futuro», detalló.
«En cada uno de ellos nosotros tenemos que resolver. Primero, en base a un informe técnico de la DOM (director de Obras Municipal). Nosotros no podemos fallar en contra de eso. Por lo tanto, cada una de esas denuncias luego termina siendo reclamada en los tribunales de justicia. En algunos casos se ha ganado y en otros, perdido», dijo la autoridad comunal.
«Para ponerle el cascabel al gato tiene que existir el cambio al PRC y a la normativa, porque quien define la aplicación de la norma es el DOM y no el alcalde o alcaldesa», profundizó.
Ripamonti destacó que esta semana oficiaron «a la seremi Minvu -jefa superior de la DOM, en términos de competencias técnicas- para que se revisen todos los permisos de obras entregados en ese polígono».
Según otra entrevista a Ripamonti, en El Mercurio, el municipio pretende “cambiar un plan regulador completo”, porque “tenemos un plan regulador con informes de riesgo completamente débiles y no fundados. No tenemos sectores que sean áreas de riesgo sustantivas, no tenemos un mapa de multiamenazas ni recomendaciones de dónde construir, por ejemplo, dispositivos sensibles como son jardines, escuelas y hospitales. No tenemos nada, tenemos un regulador que nos tiene completamente desabrigados frente al riesgo”.
