La Fiscalía de Perú presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte «como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado» en el llamado caso Rolexgate.
De acuerdo con el comunicado del ente persecutor, «los hechos están referidos a que la investigada habría recibido — en calidad de donación— del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, tres relojes de la marca Rolex, un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes, con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta de la República».
La denuncia está dirigida al Congreso, cuya Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe determinar su procedencia antes de iniciar un periplo parlamentario que termina en el pleno, que, en última instancia, deberá determinar si recomienda acusar a Boluarte por el Rolexgate.
La acusación de 63 páginas contra la mandataria fue enviada al presidente del Congreso, Alejandro Soto. En primer lugar, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales verificará los datos formales de la denuncia.
¿COINCIDENCIA?
La tesis fiscal sostiene que la compra de relojes y joyas por parte del gobernador coinciden con visitas que este realizó a Boluarte, y afirma que el Ejecutivo ha emitido varios decretos de urgencia y decretos supremos que habrían beneficiado al gobernador y su región.
A su juicio, esto indicaría que la presidenta habría actuado «dolosamente» al recibir como «donaciones» estos objetos.
El Rolexgate partió en marzo pasado con una investigación periodística del portal La Encerrona que mostró que la mandataria contaba con una gran colección de relojes de lujo que no había declarado a la autoridad electoral, lo que desembocó más tarde en la apertura de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía.
Boluarte dijo en un primer momento que los relojes eran suyos, «fruto de su esfuerzo», pero semanas después reconoció que «eran un préstamo», de su amigo Oscorima y afirmó que había sido «un error político» aceptar esa donación.
DENUNCIA CONSTITUCIONAL
La denuncia constitucional es un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidenta, quien goza de inmunidad.
La primera vez que se utilizó esta figura contra un presidente en ejercicio fue durante el mandato de Pedro Castillo, lo que abrió entonces un debate jurídico, puesto que el artículo 117 de la Constitución recoge que un presidente en ejercicio solo puede ser acusado por traición a la Patria, impedir las elecciones presidenciales parlamentarias, regionales o municipales o por disolver el Congreso de forma irregular.
