Tras más de mil 300 días, este jueves 31 de agosto terminará de regir la alerta sanitaria en Chile por la pandemia del Covid-19 que fue decretada el 5 de febrero del 2020. Su última prórroga -y final, porque el ministerio de Salud ya confirmó que no la renovará- fue en marzo de este año.
De este modo, a partir del viernes 1 de septiembre caerá el último bastión visible de la emergencia sanitaria y «dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla, tanto en establecimientos educacionales como en establecimientos de atención clínica, si bien mantenemos la sugerencia de utilizar mascarilla en las consultas de urgencia», explicó la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli.
Sin embargo, hay un factor por el cual existe preocupación, y es qué pasará con el personal que fue contratado para facilitar la gestión de la red sanitaria en la emergencia. De hecho, en la última sesión la Comisión de Salud del Senado se citó a la ministra Ximena Aguilera para «abordar el problema que se genera al finalizar la alerta con el término de variados contratos en el sistema de salud».
En la instancia, el senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la comisión, advirtió que «no vamos a aceptar la desvinculación de la mitad de los contratados en los servicios de salud y un tercio de los que trabajan en las seremis».
Se estima los funcionarios los contratados bajo la alerta sanitaria ascienden a 6.800.
¿TODOS A LA OFICINA?
La subsecretaria Albagli explicó que el término de la alerta significará que «las condiciones de teletrabajo que se explican por este riesgo de enfermedades respiratorias dejan de estar en ejercicio».
«Entonces, el poder practicar teletrabajo se regirá por otras normativas: en el caso de los funcionarios públicos, estarán sujetos a lo que establece la Ley de Presupuestos 2023, que permite que un porcentaje de las personas que trabajan en instituciones públicas pueda acogerse a teletrabajo, con un máximo del 20%», expuso.
Además, el Código del Trabajo, que fue reformado en 2020 para incluir disposiciones relativas a esta modalidad laboral, sostiene que si el trabajo a distancia o teletrabajo fue acordado con posterioridad al inicio de la relación laboral, «cualquiera de las partes podrá unilateralmente volver a las condiciones originalmente pactadas en el contrato de trabajo, previo aviso por escrito a la otra con una anticipación mínima de treinta días».
En cambio, si el vínculo se inició conforme a las normas sobre la modalidad telemática, «será siempre necesario el acuerdo de ambas partes para adoptar el trabajo presencial».
