La votación fue estrecha: el Senado rechazó -por 23 votos en contra y 21 a favor- el proyecto de ley que buscaba regular el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para personas de edad avanzada, con una enfermedad terminal o con menoscabo físico grave, que incluía a criminales de DDHH.
El oficialismo advertía que la iniciativa abría la puerta para que los condenados por crímenes contra los derechos humanos del penal de Punta Peuco accedieran a cumplir sus condenas en sus hogares.
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Esto, pues el beneficio en función de la edad claramente favorecería a los criminales de DDHH: hombres desde los 70 años y a mujeres a partir de los 65 años.
A QUIÉNES BENEFICIABA
De acuerdo con cifras divulgadas por el diputado PS Daniel Manouchehri, según información solicitada mediante oficio al ministerio de Justicia, el proyecto beneficiaba a un total de 776 personas.
“Al menos 66 de ellos están cumpliendo condena por delito de violación a menores de 14 años. Cerca de 139 por homicidio. 137 condenados por abuso sexual a menores de 14 años. 145 por secuestro. 76 personas condenadas por narcotráfico. 28 personas condenadas por torturas y tormentos”, aseguró el diputado.
Luego de la votación, en declaraciones al canal del Senado el legislador del Partido Socialista (PS) Fidel Espinoza afirmó que la presentación de ese proyecto constituía “un retroceso para la sana convivencia del país”.
El proyecto se originó en una moción de los senadores de Chile Vamos Francisco Chahuán, Carlos Kuschel Rodrigo Galilea, Luciano Cruz-Coke y Enrique Van Rysselberghe.
