El subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón (PC), descartó de plano la posibilidad de cerrar el recinto penitenciario donde se encuentran condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, y lo hizo en medio de una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados para analizar la situación del penal Punta Peuco.
La razón: la sobrepoblación penal en el país.
“Cuando asumimos como gobierno existían 41 mil personas privadas de libertad, entendiendo que las capacidades de nuestros 80 establecimiento penitenciario a lo largo del país, es para 42 mil personas privadas de libertad. Sin embargo, a septiembre de este año tenemos 52.516 personas en esos 80 cárceles, lo que implica que hay un 124% de ocupación a nivel general. Esto lo digo para que veamos el contexto que tenemos a nivel penitenciario”, explicó Gajardo Falcón al inicio de su alocución.
“El Estado de Chile no está en condiciones de cerrar ningún establecimiento penitenciario. De hecho es más, lo que estamos haciendo es reabriendo establecimientos que se encontraban en desuso, por ejemplo repoblamos el establecimiento de alta y máxima seguridad de Santiago, estamos reabriendo la cárcel de Pozo Almonte, estamos pronto a inaugurar la ampliación del recinto penitenciario Biobío. Estamos tratando de que nuestro Estado cumpla con la demanda que existe al interior de nuestro sistema”, planteó la autoridad de Justicia, con lo cual descartó de plano que se cierre Punta Peuco, como se ha solicitado en el contexto de los 50 años del golpe de Estado.
La sesión especial en la Cámara tuvo como finalidad analizar la optimización de Punta Peuco, con el objetivo que sus instalaciones sean utilizadas por mujeres embarazadas o con hijos, trasladando a los actuales reclusos al módulo especial de Colina I.
“No queremos someter a ninguna vejación a quienes estén cumpliendo condena en este recinto. Lo único que nos interesa es que en una sociedad democrática los privilegios penitenciarios no estén reservados para los violadores de DDHH, sobre todo en un país donde existe una población que requiere con mayor necesidad las instalaciones donde ellos se encuentran”, explicó el el diputado socialista Juan Santana, impulsor de la sesión.
