El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, expuso ante la comisión de Función jurisdiccional del Consejo Constitucional para manifestar la opinión del máximo tribunal respecto de las enmiendas ingresadas por los consejeros.
En esa instancia, cuestionó la propuesta del Partido Republicano que crea un tribunal especial con competencia en todo el territorio nacional para juzgar causas de crimen organizado y narcotráfico.
Al respecto, expresó que “tal enmienda nos parece problemática, pues rompe con el principio de competencia territorial dividida para conocer de un determinado grupo de asuntos en razón de la materia y en este caso la división por el territorio, y contempla como criterio de competencia conceptos abarcadores de delito cuya determinación nunca podría resultar precisa, lo que podría resultar con serios problemas”.
Luego agregó: “La instauración de un tribunal de ese tipo, además de parecer que excede a una regulación genuinamente constitucional, podría terminar generando, por su carácter nacional y amplio de competencias, un verdadero Poder Judicial paralelo. La propuesta rompe con el principio de Estado unitario, con la unidad de jurisdicción y con la división territorial acorde a la división política y administrativa del país. Los tribunales con competencia en todo el territorio son más bien propios de Estados de tipo federal o Estados que tienen territorios con autonomías, como el caso de España”.
TRATADOS INTERNACIONALES
Juan Eduardo Fuentes también planteó sus dudas sobre las propuestas de la derecha que rebajan el estándar de cumplimiento sobre los tratados internacionales de derechos humanos y además contemplan expresamente la prohibición de la utilización del soft law, es decir, los instrumentos internacionales jurídicamente no vinculantes para Chile.
“Estas enmiendas rompen con la estructura del derecho internacional público, en cuanto supeditan los tratados internacionales al derecho interno, siendo que la regla opera justamente en sentido contrario, es decir, es deber de los Estados ajustar su derecho interno a las obligaciones internacionales emanadas de estas convenciones internacionales”, dijo.
Llanos comentó que una cláusula de ese tipo tiene efecto en el control de convencionalidad y es contraria a las definiciones que ha tomado el pleno de la Corte Suprema. Como ejemplo citó una de las conclusiones tomada por los supremos en la jornada de reflexión del año 2021, instancia en la que acordaron que los jueces “han de velar para que los efectos de las disposiciones de dichos instrumentos no resulten ensombrecidos por la aplicación de leyes internas contrarias a sujetos y fin, por lo tanto corresponde a toda la magistratura poner en ejercicio el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos sometidos a su conocimiento y la norma internacional respectiva”.
En esa línea, también se manifestó contrario a la indicación que baja el estándar de obligatoriedad que tiene el cumplimiento, por parte del Estado, a los fallos internacionales. Estas enmiendas cambian el verbo “cumplirá” por “podrá cumplir”.
“Cabe recordar el carácter vinculante de este tipo de sentencias, por lo que su cumplimiento no puede ser facultativo para el Estado encargado de velar por su cumplimiento, está obligado a hacerlo”, comentó el ministro.
CONDENADOS MAYORES DE 75 AÑOS
Casi al finalizar su exposición, Llanos criticó la enmienda republicana que pretende que los condenados mayores de 75 años cumplan sus penas de cárcel en sus casas: “Tal disposición es necesario que se compatibilice con el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad, del cual Chile es parte en cuanto dicho tratado, en su artículo 110, establece que el Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la corte”.
REACCIONES
La consejera de Convergencia Social María Pardo valoró que la Corte Suprema tome posición respecto de algunas enmiendas que se han presentado y dijo esperar que la derecha no solo oiga los planteamientos que se realizaron.
“La opinión de la Corte Suprema no es vinculante, pero sí es importante como insumo. Es muy relevante que hayan tomado posición (…)”, dijo la consejera.
En tanto, el consejero del Partido Republicano Antonio Barchiesi sostuvo que evaluarán en su mérito los planteamientos hechos por la Corte Suprema y que siempre está la posibilidad de corregir las enmiendas presentadas.
“Todos los comentarios que hemos recibido en la comisión, las recibimos con profundo respeto (…) Por supuesto que existe espacio para que entre los consejeros lleguemos a ajustes”, indicó el consejero.
