Al megafraude tributario de más de 50 empresarios o “delincuentes” según los gremios empresariales, ahora se suma que el juez investigado por ser parte de un esquema de sobornos en el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago, fue suspendido por dos meses, luego de que el Fiscal Judicial Daniel Calvo Flores constatara que el magistrado Óscar Meriño “al reasumir funciones ha conversado con los funcionarios”, lo que se entiende que puede afectar el resultado de la investigación.
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El juez Óscar Meriño Maturana es investigado por prevaricación en la Fiscalía Centro Norte. La investigación también involucra a algunos estudios de abogados tributaristas. Al mismo tiempo, enfrenta una investigación interna que instruye el fiscal Calvo.
La punta de este iceberg empezó a asomar el pasado el 22 de noviembre, cuando personal de la PDI, por instrucciones del fiscal Jaime Retamal –de la Fiscalía Centro Norte del Ministerio Público- allanó el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) de Santiago, luego que una exfuncionaria de ese juzgado denunciara la comisión de sobornos y cohecho en dicha entidad, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Los detectives incautaron documentación, correos electrónicos y teléfonos, relativos al juez Meriño Maturana, así como de otros tres funcionarios. Al día siguiente, ante el Séptimo Juzgado de Garantía, Meriño otorgó poder y patrocinio a los abogados defensores Mario Vargas Cociña y Mauricio Garrido Sáez, en una causa que en el sistema web del Poder Judicial aparece caratulada como “Prevaricación judicial y administrativa”.
Según fuentes cercanas al caso, el juez Meriño pedía o presionaba a abogados litigantes a contratar onerosos informes con peritos contables de su exclusiva confianza, varios de ellos asociados al Centro de Estudios Fiscales (Cenfi) SpA, empresa de la cual el juez es socio, junto con el contador auditor Ramón Paillán.
