«Tras oír los alegatos el pleno del Tribunal Constitucional resolvió posponer la adopción de acuerdo del requerimiento», señaló el organismo mediante un comunicado.
El Tribunal Constitucional (TC) informó, durante la tarde de este jueves, su decisión de posponer su pronunciamiento con respecto al requerimiento realizado por el Senado por la Comisión de Desinformación.
Se trata de un requerimiento de inconstitucionalidad respecto del decreto que creó la “Comisión Asesora Contra la Desinformación” emanado del Senado.
Desde el TC señalaron que “tras oír los alegatos el pleno del Tribunal Constitucional resolvió posponer la adopción de acuerdo del requerimiento deducido el día 20 de julio de 2023”.
Junto con eso, el TC indicó que “el acuerdo será adoptado en la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional del martes 22 de agosto de 2023”.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró su preocupación por la decisión del Gobierno de Chile de crear una comisión oficial para combatir la desinformación. La entidad continental advirtió que de ese modo «se podría caer en la tentación de instaurar mecanismos de censura».
El 20 de junio recién pasado, el Diario Oficial publicó el decreto de creación de una «Comisión Asesora contra la Desinformación» dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ella, tiene como objetivo asesorar a la Secretaría General de Gobierno (Segegob) en temas sobre desinformación y calidad democrática, alfabetización digital, desinformación en plataformas digitales y buenas prácticas digitales, y hará recomendaciones sobre políticas públicas.
El presidente de la SIP, Michael Greenspon, expresó al respecto: «Más allá de lo loable que puedan parecer los objetivos, debe haber preocupación cuando los gobiernos se involucran en forma directa en el análisis de información, expresión, medios o periodismo«, dijo. Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, agregó: «Las comisiones, los observatorios u otras formas gubernamentales de vigilancia siempre suelen mirar la realidad desde ópticas ideológicas, aconsejando políticas públicas sesgadas, con efectos negativos sobre las libertades de expresión y de prensa«.
APOYAR AL PERIODISMO NO SILENCIARLO
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior de Argentina, señaló: «Como organización favorecemos que los gobiernos promuevan la alfabetización digital y que los legisladores exploren la adopción de políticas públicas para combatir la desinformación«. Sin embargo, agregó que «es muy distinto cuando el Estado crea una comisión propia, estudia y busca determinar, desde su óptica, lo más conveniente«.
Greenspon y Jornet recordaron que tanto la Declaración de Chapaultepec como la Declaración de Salta no dejan resquicios para que los Estados impongan requisitos, condiciones o lineamientos en materia de libertad de expresión o desinformación. «El espíritu de estos documentos -dijeron- es defender las libertades de prensa y expresión como principios esenciales de la democracia y por ello prescriben que los gobiernos no deben imponer medidas, para evitar la tentación de instaurar mecanismos de censura«.
Las autoridades de la SIP dijeron que para combatir la desinformación, el gobierno de Chile debería incentivar medidas de apoyo al periodismo, a los medios, a la academia y a las organizaciones de la sociedad civil, pero no involucrarse en forma directa en las soluciones. «De esa forma -dijeron- dará mayor relevancia al tema, para que sea tratado con mayor apertura, diversidad y pluralidad en la sociedad«.
SE VIOLA LA CONSTITUCIÓN
Según el decreto, la Comisión Asesora contra la Desinformación estará integrada por dos representantes de universidades estatales, dos de planteles privados y uno de una institución fuera de la Región Metropolitana, tres miembros de una ONG, fundación o de la sociedad civil, relacionada con el tema y un representante de una organización de chequeo de datos.
No ha dejado de llamar la atención el que todos los integrantes sean designados por el propio gobierno, que el organismo pueda darse su propia normativa y que, sea el mismo gobierno el que pueda remover a sus integrantes.
Igualmente, se ha criticado duramente el que este organismo sea creado por decreto y no por Ley especial, pues, en los hechos, estaría afectando un derecho reconocido en la propia Constitución Política de Chile, que garantiza y resguarda el derecho a la información sin censura previa.
Entre otras funciones, el organismo presentará al Ministerio de Ciencia y a la Secretaría General de Gobierno recomendaciones para adoptar políticas públicas.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
