La provincia argentina de Mendoza presentó las primeras diez denuncias judiciales contra padres que no inmunizaron a sus hijos y que, por lo tanto, incumplieron el calendario obligatorio y gratuito de vacunas.
Esto ocurre en un contexto de una sostenida baja en la vacunación infantil y que se ha reflejado, por ejemplo, en la reaparición de enfermedades como el sarampión (35 casos), que había sido declarado como eliminado en 2016, y brotes activos de tos convulsiva, que provocó la muerte de siete guaguas, según el último boletín epidemiológico.
Las denuncias formales que ya ingresaron al sistema judicial y marcan un precedente sin registros previos en el país.
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La idea fue impulsada por el ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, y ejecutada por el Programa de Inmunizaciones que dirige la funcionaria Iris Aguilar.
Esta afirmó que “el objetivo es claro: que los niños se vacunen. No buscamos castigar, sino proteger a los chicos. Es el juez el que determina qué hacer. Nuestro rol es activar el sistema cuando se vulnera el derecho a la salud del niño”.
MULTAS Y ARRESTO
La Resolución N° 2572 de Mendoza habilita a sancionar a padres, tutores o cuidadores que se nieguen a cumplir con el calendario obligatorio de vacunación.
Las penas incluyen multas que superan los 300 mil pesos argentinos (unos 188.000 chilenos), arrestos de hasta cinco días o la imposición de trabajos comunitarios.
El respaldo legal se completa con la Ley Nacional N° 27.491, que establece en Argentina la obligatoriedad de las vacunas y fija un principio central: la salud pública prevalece sobre los intereses individuales.
Desde el Ministerio de Salud provincial reconocieron que la vacunación escolar en Mendoza se mantiene por encima del 80%, un porcentaje que consideran aceptable, pero insuficiente, pues para evitar la reaparición de enfermedades eliminadas o bajo control, la cobertura debería superar el 95%.
El mayor déficit, detalló Aguilar, aparece en las vacunas que se aplican a los 15 meses de vida, una caída que se vincula con la disminución de los controles de niño sano, que con el paso del tiempo se vuelven más espaciados y pierden regularidad.
“No es que uno solamente pone en riesgo a su hijo si no lo vacuna. Pone en riesgo a toda la sociedad. La vacunación no es una decisión individual, es una decisión colectiva entre todos los argentinos, de protegernos”, advirtió por su parte el ministro Montero en diálogo con Infobae.
CIFRAS PREOCUPANTES
A nivel país, según los últimos datos oficiales de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Argentina registra tasas inferiores al 50% en vacunas esenciales como poliomielitis, difteria y sarampión, cuando hasta hace pocos años superaban el 90%.
En 2024, último año con datos consolidados, ninguna de las inmunizaciones obligatorias y gratuitas alcanzó la meta del 95% necesaria para garantizar la inmunidad colectiva.
La situación es especialmente crítica en la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas y es aplicada a los cinco años. Del promedio del 90% entre 2015 y 2019, cayó al 46,7%.
En esa misma franja etaria, el refuerzo contra la polio descendió del 88% al 47%, mientras que la triple bacteriana celular bajó del 88% al 46%.
