Política

Tohá y juicio contra Los Gallegos: «Tenemos que entregar condiciones de seguridad»

Agencia

«Si se termina haciendo presencial, se van a generar todas las medidas del caso para que pueda hacerse en condiciones seguras», agregó Tohá

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, abordó la decisión de la Corte Suprema que suspendió el juicio a 38 personas vinculadas al llamado clan de Los Gallegos, el brazo operativo de la banda transnacional de origen venezolano Tren de Aragua.

“El foco tiene que estar en que el juicio se realice de manera correcta, sin que las amenazas o intimidaciones de ningún tipo paralicen la justicia o impidan que se juzgue como es debido”, recalcó la titular de Interior.

El juicio se había iniciado este lunes en una modalidad telemática, bajo fuertes medidas de seguridad, sin embargo, el máximo tribunal ordenó una nueva audiencia para evaluar la factibilidad técnica de un juicio presencial.

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“Los tribunales deciden la locación de los procesos, deciden si estos van a ser remotos o presenciales, y nosotros como autoridad de gobierno, en cualquiera sea la circunstancia que se defina, tenemos que entregar condiciones de seguridad”, señaló la ministra Tohá a radio Cooperativa.

“Hasta ahora las decisiones han ido, digamos, en dirección a hacerlo de manera remota. Como sea, si se termina haciendo de manera presencial, se van a generar todas las medidas del caso para que pueda hacerse en condiciones seguras. Así debe ser. Y no puede estar eso en duda”, advirtió la secretaria de Estado.

Revocar juicio presencial

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación de Gendarmería de Chile, expuso sus alegatos ante la Segunda Sala de la Corte Suprema para solicitar la revocación de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Arica durante el juicio contra «Los Gallegos».

El abogado procurador fiscal de Santiago, Marcelo Chandía, señaló que solicitó al Máximo Tribunal acoger el recurso de apelación presentado por el Consejo este viernes, “haciendo presente la improcedencia de utilizar el mecanismo constitucional del amparo para discutir la forma en que debe efectuarse un juicio oral”.

Los argumentos expuestos, añadió, “se fundaron en la defensa de la racionalidad y legalidad de la decisión del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal (TOP) de Arica, que ordenó el desarrollo del juicio de manera híbrida”.

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