El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal (TOP) absolvió al excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, y su esposa, Ana María Pinochet.
Los jueces consideraron que no hubo acreditación suficiente de los cargos formulados por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado de ser presuntos autores de un delito de lavado activos en relación con un delito base de malversación de caudales públicos.
Queda pendiente la causa por fraude al Ejército que tramita la justicia militar. Se trata de una arista del llamado Milicogate, donde está procesado por delitos como enriquecimiento ilícito, corrupción, malversación de caudales públicos y lavado de activos.
«Este tribunal, por unanimidad, ha decidido absolver a Juan Miguel Fuente-Alba y Anita María Pinochet de los cargos formulados por el Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado, de ser presuntos autores de un delito de lavado de activos… del artículo 27 de la ley 19.913 en relación con el delito base de malversación de caudales públicos… del Código Penal”, dijo la jueza Carolina Escandón, que leyó el extenso fallo de hoy.
A raíz de esto, se ordenó el alzamiento de toda medida cautelar, personal o real, que por esta causa pesara sobre los acusados.
Según el TOP, hubo “dudas razonables sobre la solidez de la imputación fiscal y respecto de la rigurosidad, seriedad y confiabilidad del análisis patrimonial en el que se basó el Ministerio Público para llevar adelante su acusación”.
El fallo de las juezas Paulina Sariego Egnem, Carolina Herrera Sabando y Carolina Escandón Coxse dará a conocer el 5 de agosto.
«SE HA RESTABLECIDO EL IMPERIO DEL DERECHO»
Las declaraciones de Juan Miguel Fuente-Alba al salir junto a su esposa de Cuarto Juzgado en Lo Penal de Santiago fueron escuetas.
«Se ha restablecido el imperio del derecho que, de alguna manera, se encontraba seriamente lesionado por el órgano persecutor, el fiscal Morales fundamentalmente», acusó.
«La causa de sede militar está abierta y, en consecuencia, no voy a hablar de una causa que está abierta», agregó.
Su abogado, Miguel Chaves, sostuvo que «estamos muy satisfechos con lo que ha hecho el tribunal».
«Creemos que efectivamente el condicionamiento que fue expresado por el tribunal fue un condicionamiento que está vinculado a la demostración de que hubo una conformación patrimonial que no tiene nada que ver con la imputación que se hizo», añadió.
FISCAL: ESPERAMOS VER LA SENTENCIA DEFINITIVA
El fiscal José Morales, de la Fiscalía Centro Norte, comentó a la salida de la audiencia que «efectivamente el tribunal consideró que al respecto del lavado de dinero no había antecedentes suficientes. Se establecieron 100 antecedentes de los delitos base de apropiación y obviamente hay varios capítulos que el tribunal no se pronunció en esta ocasión y esperamos verlo en la sentencia definitiva para analizar los caminos a seguir».
Agregó que «los magistrados lo que hacen son algunos planteamientos respecto a apreciación de la prueba. Obviamente el recurso en nulidad dice en relación con un análisis de cuáles son esos análisis efectivamente».
Esto, porque el recurso que se puede imponer tras este fallo es de nulidad. Si se determina, deben analizarse nuevamente las pruebas.
El persecutor consideró que «ahora es un poco apresurado decir algo distinto a aquello que estableció el tribunal en su momento».
Respecto de las críticas del tribunal al trabajo de la fiscalía y las policías expresó que «habrá que revisar eso en detalle para ver a qué se refiere».
«Los peritos de la Policía de Investigaciones son peritos serios que hacen un trabajo completo, que han trabajado años tanto en la justicia militar como con nosotros. Por lo tanto, nosotros respaldamos su trabajo, pero habrá que analizar el fallo», afirmó.
LA ACUSACIÓN
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte le imputaba el exuniformado haber desviado 2.980 millones de pesos provenientes de gastos reservados del Ejército mientras se desempeñó como comandante en jefe de la institución, entre 2010 y 2014, lo que configuraría un delito de malversación de caudales públicos.
Según la acusación, entre 2010 y 2016 Fuente-Alba y su esposa, con conocimiento del origen ilícito de dichos fondos, habrían realizado diversas operaciones y maniobras destinadas a ocultar o disimular ese origen ilegal e integrar los dineros al sistema económico formal, incurriendo en el delito consumado de lavado de activos.
El Ministerio Público había pedido quince años de cárcel para Fuente-Alba y diez para Pinochet.
- (Actualización del 13/05/2024 a las 18:20 horas)
