El subjefe de la Bancada UDI, Henry Leal, y el diputado Felipe Donoso, llamaron al Ministerio Público a iniciar una investigación penal de oficio en contra de los ejecutivos de Enel.
Esto, luego de que la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), decidiera formular nuevos cargos contra la empresa tras constatarse que tres pacientes electrodependientes fallecieron a causa de los masivos cortes de luz que se produjeron en agosto.
Junto con lamentar lo ocurrido, los parlamentarios advirtieron que detrás de la situación podrían existir distintas responsabilidades penales, considerando que -de acuerdo a lo que informó la SEC- la compañía habría incumplido con la Ley de Pacientes Electrodependientes, al no entregar los equipos de respaldos exigidos a dos de las tres personas que fallecieron.
En esa línea, Leal y Donoso recordaron una entrevista que en medio de la crisis realizó el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien manifestó que “eventualmente, si hubiese algún delito que se pudiese haber configurado como consecuencia de esta situación, eso nos corresponde investigarlo”.
Investigación penal
Por lo mismo, ambos instaron al Ministerio Público a iniciar -lo antes posible- una investigación penal en dicha materia, asegurando que “no basta con todas las multas y sanciones que pueda aplicar la SEC, sino que aquí también deben ser investigados los eventuales delitos que puedan llegar a existir”.
“Es fundamental que detrás de esta grave negligencia que cometió la empresa se investiguen todas las responsabilidades que puedan existir, pero no sólo a nivel administrativo, sino que también penal», señalaron los diputados.
«Hoy nos enteramos que tres pacientes electrodependientes fallecieron producto de la nula respuesta de esta compañía, de manera que lo que corresponde es que el Ministerio Público abra todas las causas que correspondan y persiga a quienes eventualmente sean responsables”, añadieron.
Emplazamiento al Gobierno
Asimismo, los parlamentarios emplazaron al Gobierno y a la Delegación Presidencial a presentar una querella criminal por los mismos hechos, considerando que dos de los tres pacientes fallecidos estuvieron más de 50 horas sin luz, sin que la empresa haya emitido respuesta a las llamadas de auxilio.
“El Gobierno tiene la obligación de presentar todas las acciones judiciales que tenga a su alcance frente a este lamentable hecho. No nos olvidemos que las actuales autoridades decidieron tomar una posición bastante firme contra la empresa, abriendo incluso un proceso para caducar la concesión, de manera que lo mínimo ahora es que adopten la misma postura producto de la muerte de tres pacientes electrodependientes», sentenciaron.
