El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó este jueves 18 de diciembre una querella criminal en contra de 42 funcionarios de Gendarmería de Chile y de un número significativo de particulares, por su presunta participación en delitos de cohecho y soborno.
La acción judicial no descarta la eventual configuración de otros ilícitos, como asociación criminal, lavado de activos y falsificación de documentos, los que deberán establecerse en el transcurso de la investigación liderada por el Ministerio Público, en el marco del denominado caso “Operación Apocalipsis”.
QUERELLA
La querella fue ingresada ante el 12° Juzgado de Garantía y también apunta de manera individualizada contra 35 civiles, todos imputados por el delito de soborno.
En total, la causa involucra a 77 personas, quienes estarían vinculadas a una red de corrupción y criminalidad organizada que operaba al interior de recintos penitenciarios de la Región Metropolitana, específicamente en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín y en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Uno, ubicado en la comuna de Santiago.
ACCIÓN JUDICIAL
Según se detalla en la acción judicial, “en dichos establecimientos penitenciarios se consolidó, desde el año 2020 a la fecha, un patrón de intervención directa de funcionarios públicos de Gendarmería de Chile —en diversas calidades y destinaciones— quienes, en razón de sus cargos, habrían solicitado, aceptado y, o recibido prestaciones económicas (en dinero efectivo y transferencias bancarias) y beneficios de diversa naturaleza” con el objetivo de facilitar el ingreso de personas no autorizadas en calidad de visita. De igual forma, se habría permitido “la introducción y circulación de especies ilícitas en el interior de los recintos penitenciarios, tales como celulares y drogas, entre otras, ingresándolas directamente u omitiendo los controles reglamentarios”.
Estas conductas, de acuerdo con la querella, se habrían concretado “mediante actuaciones coordinadas entre particulares -tanto internos privados de libertad como personas en libertad- y los funcionarios públicos de Gendarmería”.
