Lo que partió como una caso supuestamente aislado hace ya 2 meses mediante una investigación en Antofagasta por el acuerdo con trato directo de $432 millones entre la Seremi de Vivienda y Democracia Viva, ambas entidades pública y privada en manos de militantes de Revolución Democrática, hoy son 53 las fundaciones bajo la mira del Ministerio Público en el contexto del Caso Convenios, por un monto que supera los $32 mil millones.
Desde el Ministerio Público, donde se mantienen además algunos antecedentes bajo reserva, no se descarta que el monto de los presuntos fraudes sea aún mayor.
En el marco de las indagatorias, el pasado 29 de julio la Contraloría declaró ilegales 29 convenios entre el Estado y fundaciones en acuerdos suscritos durante 2023, por un monto de $13 mil millones.
De acuerdo a fuentes de Fiscalía, existen 23 causas abiertas que involucran a 53 corporaciones, algunas de ellas con presencia en distintas regiones del país, como es el caso de Procultura, por ejemplo.
De acuerdo a los antecedentes, se trataría de 40 transferencias desde gobiernos regionales a fundaciones, y 24 desde reparticiones del Gobierno central, por un monto que llega a los $32.156.274.081.
Hasta el momento, estas serían lan cantidades de dineros bajo la lupa de la justicia, pero existen una serie de otros antecedentes que han aparecido producto de las investigaciones y las incautaciones, donde la Fiscalía mantiene algunos antecedentes bajo reserva, por lo que no se descarta que el monto sea aún mayor.
