«Es un caso a todas luces politizado y donde se pretende instrumentalizar la justicia internacional para agredir a Venezuela, a sus altas autoridades, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nuestros organismos de seguridad que han estado en primera línea en defensa de la paz y tranquilidad de nuestra República», expresó la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una entrevista con el canal estatal VTV.
Rodríguez afirmó que esta investigación se basa en «las redes sociales de los opositores extremistas de Venezuela» y reiteró que en el país «nunca se han cometido» crímenes de lesa humanidad.
«La verdad es que aquí nunca se han cometido delitos de lesa humanidad y que el sistema de justicia venezolano ha estado en primera línea para la investigación y la resolución de los casos en los que se haya cometido algún tipo de delito, pero que nada tienen que ver con delitos previstos en el Estatuto de Roma ni delitos de lesa humanidad», enfatizó.
CPI
Rodríguez señaló que solo «el 20% de la información proporcionada por Venezuela» fue «considerada» por la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI para descartar la apelación. Sin embargo, reiteró que el país seguirá utilizando «todos los recursos disponibles para defender la verdad de Venezuela».
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La Sala de Apelaciones de la CPI rechazó el viernes, por unanimidad, los argumentos presentados por el Gobierno de Nicolás Maduro, que en noviembre pasado afirmó que «nunca han ocurrido» crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sino «un puñado de incidentes» que están siendo investigados por Caracas.
PERIODOS DE INACTIVIDAD
El alto tribunal, que observa «períodos de inactividad inexplicables» en los procesos penales que lleva adelante Venezuela, autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a continuar las investigaciones como parte del caso abierto en noviembre de 2021.
En respuesta, Venezuela emitió un comunicado en el que reafirma que se trata de una «manipulación de un conjunto limitado de delitos» que «han sido o están siendo debidamente investigados y sancionados por las autoridades del sistema de justicia venezolano».
