La socióloga Isabel Amor negó que haya relativizado la condena contra su padre, vinculada con un caso de derechos humanos de la dictadura.
Ese fue el argumento de las autoridades del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) para justificar la «pérdida de confianza» que derivó en su despido como directora regional en Los Ríos apenas dos días después de haber asumido el cargo para el cual había sido seleccionada a través de la Alta Dirección Pública.
Eso fue lo que dijeron este miércoles, casi diez días después del despido de Amor, donde precisaron que habría sido por «sucesivas omisiones de información relevante y acciones por parte de esta profesional».
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A ello se suma el borrador de una entrevista con la revista Sábado de El Mercurio -que ella misma mostró en el el SernamEG-, donde supuestamente «relativiza la responsabilidad» de su papá, Manuel Antonio Amor Lillo, médico y militar en retiro condenado como cómplice del secuestro calificado del ingeniero agrónomo Luis Corvalán Castillo, hijo del entonces secretario general del Partido Comunista Luis Corvalán Lepe, en septiembre de 1973.
«TENGO UN PADRE CONDENADO»
Esta mañana, en entrevista con Cooperativa, Isabel Amor se explayó sobre el tema.
«Cuando me dijeron que había quedado seleccionada, les dije (en SernamEG) que tengo un padre condenado, que no tengo ninguna duda sobre mi posición, no avalo ninguna violación a derechos humanos, independiente de quién las haya cometido y si es o no pariente mío, y tengo una carrera profesional que me avala, y que tenía una entrevista comprometida que ya di y no he visto el borrador», dijo.
Agregó que «el borrador es de una entrevista que di en junio o julio, que tenía que con ser defensora de derechos humanos y tener un padre condenado por DD.HH.».
Hasta antes de llegar al Servicio de la Mujer la socióloga era jefa regional del INDH en Ñuble.
La entrevista no se publicó, «hasta el lunes, que Priscila (Carrasco, directora Nacional de Servicio Nacional de la Mujer) me despide, en una llamada de cuatro minutos por WhatsApp, y me llama el periodista justo después, diciendo que la entrevista se baja. Yo le digo, ‘me acaban de despedir’, saca la entrevista», dijo Amor.
Consultada por la parte que justificaría la «pérdida de confianza», Amor dijo no saberlo, «habría que preguntarle a la ministra (Antonia Orellana) o a Priscila».
«NO RELATIVIZO NADA»
Respecto de una parte de la entrevista que se filtró al diario The Clinic Isabel Amor comentó que «las partes que filtraron no sé cómo tendrían que ver con la falta de confianza».
En específico se le preguntó directamente si le había preguntado a su papá si había torturado a alguien, y esta respondió: «Sí. Y me dijo que no, que él no había torturado a nadie. Eso lo hacía gente más especializada, personas que traían del extranjero y que venían de otras dictaduras. Lo que se supo años más tarde. El problema fue no denunciarlo en ese momento».
Al respecto ahora aclaró que «yo no relativizo nada en relación con la condena. Mi papá fue condenado por los mismos motivos que él me comentó cuando me contó su caso».
«Si mi padre me dice ‘esto es lo que pasó’, él va a la Justicia y dice ‘esto es lo que pasó’, y la Justicia vuelve con una condena que dice lo mismo, ¿qué posibilidades tengo yo de relativizar algo?», aseveró.
Respecto de los cuestionamientos y paralelo hecho por la ministra Orellana con el caso Macaya, donde zanjó que «nadie es responsable de los delitos de su papá», pero «una cosa es opinar como hijo y otra como autoridad», Amor sostuvo que «me parece que es comparar peras con manzanas».
Yo no soy un senador de la República, no he dado ninguna declaración pública en mi calidad de autoridad regional que hable de mi padre, yo no relativizo absolutamente nada en relación a la condena, mi papá fue condenado por motivos que son los mismos que él me comentó, como encubridor», recalcó.
«BIEN MATONAS»
Isabel Amor opinó que en el tratamiento de este tema las autoridades de SernamEG «están siendo bien matonas en su manejo. Es lo que más rabia me da, por eso tengo más ganas de salir a dar la cara».
Según su versión, la directora nacional la llamó el jueves para reunirse en la sede regional del organismo, donde estaría presente el fiscal regional, instancia donde le explicaría «lo que significa la pérdida de confianza. En ese tono, no en tono de ‘conversemos’, veamos como bajamos a esto, tratemos de controlar del problema. A las 7 de la tarde, fuera del horario laboral, iba a estar ella, el fiscal y yo sola. Bajo ningún punto de vista. Mi abogado dijo que me iban a hacer una emboscada».
