La formalización de los 18 imputados por su presunta participación en millonario robo a empresa Brinks el pasado viernes 16 de agosto en Rancagua, región de O’Higgins, terminó con prisión preventiva para todos ellos.
Esto, por «ser peligrosa su libertad para la sociedad».
Entre ellos se encuentran funcionarios de la empresa, quienes estarían involucrados en el millonario robo.
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El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía Regional de O’Higgins, que imputó los ilícitos de robo con intimidación, asociación criminal, porte de arma prohibida (ante el hallazgo de dos fusiles y cinco pistolas), siete delitos de incendio, porte de elementos incendiarios y nueve delitos de receptación de vehículos.
La mayoría de los acusados compareció de forma telemática a la audiencia desde el Complejo Penitenciario (CP), mientras que dos de ellos lo hicieron desde el hospital regional debido a que permanecen internados producto de las lesiones tras el enfrentamiento con los uniformados.
PROPORCIONAL Y JUSTIFICADA
La jueza Jessica Bascuñán dijo que «el tribunal estima que la cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público resulta proporcional y justificada respecto de todos los imputados».
el Fiscal Regional de O’Higgins Aquiles Cubillos, sostuvo que «estamos conformes» con la determinación del tribunal.
«Creemos que la medida cautelar de presión preventiva era absolutamente necesaria y está fundamentada con todos los antecedentes que hemos reunido en la carpeta investigativa y que ayer expusimos al tribunal», agregó.
NUEVAS ARISTAS
Ente los datos conocido durante la formalización están que el botín del robo fue cercano a $12 mil millones y que una de las armas utilizadas en el ilícito está vinculada al ataque de la comitiva de la ex ministra del Interior Izkia Siches durante 2022 en su visita a la región de La Araucanía.
También, que el atraco habría estado planificado desde «hace tres semanas».
Por otra parte, la Policía de Investigaciones solicitó la renuncia al prefecto provincial luego del millonario robo a Brinks, ya que «se ha determinado que sí tiene responsabilidad en cuanto él tuvo la información en los días previos de la comisión de este delito y no tuvo la iniciativa, el profesionalismo que nos involucra y que nos corresponde a cada detective a poder trabajar e investigar este antecedente que surgió más allá que no tengamos la convicción de que esta información haya sido real o falsa».
«Esta denuncia se recibió días previos a la comisión del delito, no tengo antecedentes que haya sido en el mes de julio, pero podría haber existido tiempo suficiente para haber investigado», explicó el Prefecto General Hugo Haeger, Subdirector de Investigación y Criminalística.
Se estableció un plazo investigativo de ocho meses, ante la complejidad de la investigación.
