La oposición ingresó el jueves 12 de noviembre la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, con 65 respaldos preliminares. Si los 155 diputados asisten a la votación, necesitará sumar otros 13 para que el libelo avance al Senado. La atención se concentra en los 14 integrantes de la bancada del Partido de la Gente (PDG), que todavía no fija una postura.
Según Radio Bío Bío, la bancada del PDG revisará los tres capítulos antes de resolver y evalúa dar libertad de acción a sus parlamentarios. Su jefe de bancada, Juan Valenzuela, reconoció que existen cuestionamientos políticos a la actuación del ministro y planteó que corresponde examinar si los hechos descritos en el libelo configuran una infracción constitucional.
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La posibilidad de sumar apoyos desde el oficialismo también se estrechó. La UDI anunció que su bancada rechazará la acusación y, según Emol, algunos diputados oficialistas que habían mostrado disposición a respaldarla retrocedieron. El mismo medio informó que la diputada Marlene Pérez (IND-UDI) se ausentará del Congreso durante dos semanas por una situación familiar. El artículo 52 de la Constitución exige la mayoría de los diputados presentes para aprobar una acusación contra un ministro, por lo que el umbral dependerá de la asistencia el día de la votación.
LOS TRES CAPÍTULOS DE LA ACUSACIÓN
El escrito de 189 páginas lleva las firmas de Emilia Schneider y Jorge Brito (FA), Juan Santana y Raúl Leiva (PS), Marcos Barraza y Daniela Serrano (PC), Jaime Araya (IND-PPD), Luis Malla (PL), y Jorge Díaz y Javier Muñoz (DC). Los diez diputados acusan al ministro de infringir la Constitución o las leyes.
El primer capítulo impugna las rebajas de condena otorgadas por decreto a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Los firmantes sostienen que una ley de 2022 excluía a esas personas del beneficio y que el Ministerio de Justicia extendió criterios de fallos judiciales a casos que carecían de órdenes individuales.
El segundo capítulo cuestiona las rebajas que permitieron recuperar la libertad a exagentes estatales condenados por crímenes de lesa humanidad. El tercero apunta a una eventual infracción al principio de probidad por la información que Rabat entregó ante las comisiones de Constitución de la Cámara y del Senado. Los acusadores sostienen que sus explicaciones fueron inexactas e incompletas.
LA MONEDA BUSCA ALINEAR A SUS BANCADAS
El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, afirmó que Rabat “cumplió con la Constitución y la ley” y dijo que el Ejecutivo conversa con las bancadas oficialistas para explicar por qué considera improcedente el libelo. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, afirmó que la acusación “no tiene mérito” y señaló que el Gobierno prepara una defensa para responder a las imputaciones.
La diputada Emilia Schneider, una de las firmantes, sostuvo que el escrito “tiene un robusto fundamento”. La parlamentaria invocó el artículo 7 de la Constitución y afirmó que Rabat excedió las atribuciones que le entrega la ley al conceder las rebajas. También cuestionó el cambio de criterio del ministerio en casos de derechos humanos y las explicaciones que el secretario de Estado dio ante el Congreso.
La Cámara prevé dar cuenta del ingreso de la acusación el lunes 16 de noviembre. En esa sesión se sorteará a los cinco integrantes de la comisión encargada de revisar el libelo y emitir un informe para la Sala.
