El ministro Rabat abordó las dudas sobre su relación con el caso de Margarita Villegas Lagos, condenada por violación y abuso sexual contra estudiantes del Colegio Apoquindo, quien recibió una rebaja de 16 meses en su pena el pasado 17 de abril.
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Villegas forma parte de las 56 personas que obtuvieron reducciones de condena durante la gestión de Rabat al frente del Ministerio de Justicia. Sin embargo, el titular de la cartera precisó que la Corte Suprema ordenó emitir el decreto que concedió el beneficio.
La solicitud había recibido un rechazo en febrero de 2026, durante la administración del entonces ministro Jaime Gajardo, según reveló Informe Especial. Dos meses después, cuando Rabat llevaba cerca de un mes en el cargo, la Corte Suprema instruyó al ministerio firmar el documento que autorizaba la rebaja.
Frente a los cuestionamientos, el ministro Rabat aseguró que nunca defendió penalmente a Villegas ni a las otras personas condenadas. Explicó que su trabajo como abogado se limitó a representar civilmente a uno de los propietarios del establecimiento educacional.
«Es importante informar bien, yo no he representado a esas personas condenadas penalmente. Mi labor profesional fue defender civilmente a una persona que era dueña de establecimiento educacional y eso no tiene ninguna situación extraordinaria», sostuvo.
El secretario de Estado agregó que su participación comenzó después de que la justicia dictara sentencia definitiva en el proceso penal, cuando las familias de las víctimas presentaron una demanda civil contra los responsables.
Ante la consulta sobre una eventual falta de probidad por firmar un decreto relacionado con una causa en la que tuvo participación profesional, Rabat insistió en que nunca asumió la defensa de los condenados por los delitos sexuales.
La defensa civil que realizó Rabat
Entre 2014 y 2023, Rabat trabajó como abogado de Sebastián Navarrete, uno de los propietarios del Colegio Apoquindo. Su representación ocurrió en el proceso civil que iniciaron las familias de las víctimas para obtener una indemnización.
La demanda incluyó al establecimiento, sus directivos y a las personas condenadas, entre ellas Margarita Villegas y su esposo, Esteban Moya Godoy.
Las familias solicitaron inicialmente una compensación de $6.400 millones. Sin embargo, el tribunal de primera instancia redujo esa cifra a $1.600 millones y posteriormente la Corte de Apelaciones la rebajó a $570 millones.
En 2023, la Corte Suprema confirmó finalmente ese último monto.
Con sus declaraciones, el ministro Rabat buscó marcar una diferencia entre su antigua labor como abogado en el juicio civil y la causa penal que terminó con la condena de Villegas.
