El Gobierno de José Antonio Kast enfrenta una nueva crisis, esta vez con los camioneros en paro indefinido y movilizados en distintas regiones del país. Ya no hay margen para un nuevo error con un gobierno débil y en el suelo por el cuestionamiento y rechazo ciudadano.
El conflicto surgió por las alzas de los combustibles y escaló pese a las medidas anunciadas por el Presidente. Ahora, La Moneda enfrenta el desafío de impedir que la paralización se transforme en un problema económico de alcance nacional.
La situación plantea una dificultad que supera las reivindicaciones de un sector productivo. Un paro prolongado del transporte de carga puede interrumpir el abastecimiento, afectar las exportaciones y elevar los costos de distribución. Sus consecuencias podrían terminar golpeando precisamente a los consumidores que ya enfrentan el encarecimiento de los combustibles.
Pero también hay un problema de conducción política. Mientras Kast intenta contener las alzas mediante una nueva iniciativa legal, autoridades de su administración advierten sobre el eventual despeje de las carreteras. La combinación de negociación y advertencias introduce una tensión adicional en un conflicto que exige coordinación gubernamental.
De las alzas de Quiroz a la reacción de Kast
El nuevo episodio comenzó con el anuncio de otro incremento en los precios de los combustibles, en el marco de la política económica encabezada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El sexto ajuste previsto para este jueves 12 de noviembre alcanza los $40 por litro para gasolinas y diésel. La perspectiva de nuevas alzas terminó por movilizar a organizaciones de pequeños y medianos transportistas.
Ante la creciente presión, Kast anunció el envío de un proyecto de ley para limitar a $20 por litro las eventuales alzas durante los próximos 90 días. La iniciativa busca amortiguar el impacto de los precios internacionales mediante un mecanismo temporal. Sin embargo, los dirigentes movilizados consideran insuficiente la respuesta presidencial.
El representante de Fuerza del Norte, Cristián Sandoval, reconoció el gesto gubernamental, pero cuestionó su oportunidad. ««Comparto la decisión del Gobierno, pero creo que ya era demasiado tarde», declaró a Emol. Su organización mantuvo la convocatoria, mientras otras agrupaciones del centro-sur también rechazaron suspender las movilizaciones.
Un paro fuera del control de las grandes confederaciones
La paralización presenta una característica que complica especialmente la estrategia gubernamental. Las dos principales confederaciones nacionales, encabezadas por Juan Araya y Sergio Pérez, no adhirieron a la convocatoria. Sin embargo, organizaciones regionales mantienen protestas y bloqueos parciales en distintos puntos del país.
Fuerza del Norte y agrupaciones del centro-sur reclaman modificaciones al Mepco, la eliminación del impuesto específico y una revisión de los cobros de TAG y peajes. También denuncian que los valores de los fletes no compensan el incremento de sus costos operacionales. Para los pequeños transportistas, sostienen sus dirigentes, está comprometida la continuidad de sus actividades.
La fractura gremial representa una dificultad adicional para La Moneda. Negociar con las organizaciones tradicionales no garantiza necesariamente que los transportistas movilizados abandonen las carreteras. El exministro del Interior de Sebastián Piñera, Víctor Pérez señaló a La Tercera: «A mí me tocó un paro camionero muy fuerte, en todo Chile. El diálogo ahí es vital. Ya en esa ocasión me di cuenta que los dirigentes que hablaban en la televisión, yo creía que mandaban a la totalidad (de camioneros) y de repente, me di cuenta que el de Temuco no le hacía caso a nadie, el de Los Ángeles no le hacía caso a nadie… yo me di cuenta como al cuarto día que había que hablar con Pérez y Martínez, que había que hablar con el de Temuco, que había que hablar con el de Valparaíso, no con la estructura nacional»
Las amenazas agravan la crisis
Mientras Kast intenta tardíamente contener la movilización con una modificación del Mepco, otras autoridades de su Gobierno elevan el tono del enfrentamiento. El biministro Daniel Mas advirtió que «en algún momento habrá que despejar las carreteras». A ello se sumaron las advertencias del delegado presidencial Germán Codina y de Karlfranz Koehler, subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, en que este último advierte que el gobierno no descarta aplicar la Ley de Seguridad del Estado por el paro de camioneros.
La contradicción resulta especialmente delicada para una administración que enfrenta cuestionamientos por su conducción política y restricciones económicas para negociar. Las amenazas no reducen el precio de los combustibles ni resuelven las demandas de los transportistas. Por el contrario, pueden endurecer sus posiciones y dificultar una salida negociada.
La experiencia política adquiere especial importancia cuando un Gobierno carece de recursos para ofrecer soluciones inmediatas. En esas circunstancias, necesita interlocutores con autoridad, capacidad de persuasión y reconocimiento entre los sectores movilizados. La confrontación verbal puede terminar convirtiendo un conflicto económico en una crisis política de consecuencias nacionales.
El margen económico y el tonelaje político
Las posibilidades de acuerdo también están condicionadas por las restricciones fiscales que defiende Hacienda. Según antecedentes entregados por el propio Gobierno, el Mepco representó un costo fiscal de $1,1 billones entre agosto y octubre. De esa cantidad, $860 mil millones correspondieron a medidas destinadas a contener el precio del diésel. Los transportistas, en cambio, reclaman que las medidas anunciadas no resuelven la carga tributaria ni el deterioro económico que denuncian.
Negociar requiere tonelaje político y, este gabinete ha sido cuestionado por carecer de él. No depende exclusivamente de disponer o no de recursos económicos. También requiere experiencia, coordinación entre ministerios, confianza de los interlocutores y suficiente peso político para construir compromisos. Un Gobierno que enfrenta simultáneamente distintos conflictos necesita demostrar esas capacidades, especialmente cuando las soluciones inmediatas son limitadas.
Una crisis que puede llegar al bolsillo de todos
Las consecuencias del paro ya se observan en diversas rutas del país. Las movilizaciones han afectado conexiones en el norte, centro y sur, incluyendo accesos vinculados al transporte de carga y a la actividad portuaria. Su prolongación podría generar dificultades mayores para las cadenas de abastecimiento.
El transporte por carretera constituye un eslabón esencial entre productores, centros de distribución, comercios y consumidores. Cuando ese sistema se interrumpe, aumentan los riesgos de retrasos, pérdidas y mayores costos logísticos. Si la paralización se extiende, parte de esos costos podría trasladarse a los precios finales.
Ahí reside el principal peligro para La Moneda. Una controversia originada en el encarecimiento de los combustibles podría terminar provocando nuevas presiones sobre el costo de vida. Y el impacto dejaría de concentrarse en los camioneros para alcanzar a empresas, trabajadores y familias.
La Moneda no tiene margen para otro error
El conflicto plantea tres interrogantes que el Gobierno debe responder con decisiones concretas. ¿Cómo negocia cuando Hacienda restringe el espacio para ofrecer soluciones económicas? ¿Cómo construye acuerdos cuando su respaldo ciudadano enfrenta cuestionamientos y su conducción política está sometida a nuevas tensiones?
La tercera pregunta apunta directamente al ejercicio del poder. ¿Cómo negocia un Gobierno que necesita demostrar tonelaje político cuando sus autoridades combinan llamados al diálogo con advertencias de intervención? La respuesta no dependerá solamente de las atribuciones legales que invoque, sino también de su capacidad para evitar una escalada.
Tras los affaire de Rabat, el «bencinazo» y muchos otros que tienen a Kast contra las cuerdas, La Moneda enfrenta una nueva prueba cuyo resultado no se medirá únicamente por el regreso de los camiones a las rutas, sino por su capacidad para impedir que una nueva crisis termine trasladando sus costos al conjunto del país.
