En los 20 días que van desde la entrada en vigencia de la Ley Karin, el 1 de agosto, las denuncias de violencias y acoso laboral y sexual en el trabajo han aumentado, confirmó la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.
No es un balance general, aunque sí la clara precepción de la secretaria de Estado.
Al respecto la autoridad recalcó que el objetivo principal de la ley no es sancionar, sino más bien garantizar espacios seguros.
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A su juicio, esta ley significa no solo un cambio legal, sino también cultural en las empresas.
El subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, confirmó que efectivamente las denuncias se han ido incrementando, sobre todo en el sector privado, donde las empresas “adquieren la obligación de investigar e iniciar todo un proceso al interior de las empresas en el momento que hay una denuncia”.
EJERCICIO DE APRENDIZAJE
“Nos parece que quizás, en este momento, eso es un ejercicio de aprendizaje y, por lo tanto, hemos visto quizá algún número adicional de denuncias que están llegando a la Inspección del Trabajo”, añadió Reyes.
A propósito de esto, se esta fortaleciendo la Dirección del Trabajo (DT) y se creará un tercer tribunal laboral en la región Metropolitana.
MINERA ESCONDIDA
Con la implementación en curso de la Ley Karin, ayer se conoció una denuncia del Sindicato Nº 2 de Supervisores de Staff de Minera Escondida, donde acusaron que la empresa no ha adecuado su reglamento interno según lo ordena la nueva normativa.
El presidente del Sindicato Nº 2 de Escondida, Alexis Barrera, dijo que en los primeros 20 días de vigencia de la ley ya hay dos denuncias de trabajadoras por violencia en el trabajo.
En esta línea, la ministra Jara confirmó “ha operado los canales formales que hay, mediante la presentación de una denuncia en la Dirección del Trabajo por parte del sindicato. Y en este caso, la dirección regional de Antofagasta ha instruido el inicio de la investigación”.
La autoridad reiteró los canales de denuncia: en el caso de los funcionarios públicos, mediante jefe de servicio o Contraloría, mientras que en el sector privado, se debe recurrir al empleador, DT o tribunales laborales.
