Dos millones de pesos por cada imputado es la millonaria fianza que pagó una banda acusada de narcotráfico en la ciudad de Ovalle, en la región de Coquimbo, para quedar en libertad.
La cifra total cancelada asciende a 46 millones, porque se trataba de 23 imputados.
El Juzgado de Garantía de Ovalle los había dejado sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva como autores de los delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas y el lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.
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Los hechos ocurrieron a partir del año 2019.
Según el relato de Radio Bío Bío, el magistrado Luis Muñoz Caamaño no dio a lugar a la necesidad de cautela por peligro para la seguridad de la sociedad solicitada por la Fiscalía, sino por peligro de fuga.
Decretó la prisión preventiva y fijó la eventual caución (la millonaria fianza) en $2.000.000 a cada imputado, tras rechazar la apelación verbal del persecutor. Además, fijó en 90 días el plazo de investigación.
ESTÁ CLARO EL TRÁFICO, NO EL LAVADO DE DINERO
A juicio del juez, el «tráfico está claro que concurre, hay plantaciones, cultivos, varios de los verbos rectores que tipifican el clásico ilícito de drogas”.
“Pero en cuanto a los otros delitos, no se han presentado antecedentes suficientes que den cuenta del lavado de activos (…) es decir, establecer una actividad supuestamente lícita”, argumentó en la audiencia.
“(…) por lo tanto, debe descartarse el lavado de dinero como la asociación para el lavado del dinero, estamos simplemente frente a un delito de tráfico en el cual participan distintas personas”, añadió.
La organización criminal con asiento en Ovalle contaba con una estructura jerarquizada, con células dependientes y roles definidos.
El 8, 9 y 10 de abril de 2024, en la localidad de Mantos de Hornillos, comuna de Ovalle, la policía incautó un total de mil 663 kilos de marihuana, además de armas de fuego, municiones y fuegos artificiales.
«NOS PREOCUPAMOS»
La ministra del Interior, Carolina Tohá, manifestó su preocupación por este hecho porque, si bien la Fiscalía afirmó que apelará, “cada vez que hay estas decisiones, nosotros nos preocupamos, porque claramente estas personas son peligrosas”.
Aseveró que la prisión preventiva “es para sacar a personas peligrosas de las calles, nos cuesta mucho entender decisiones de este tipo”.
De todos modos, recalcó que “nunca hemos querido intervenir en la justicia. Jamás condicionaremos la autonomía de jueces, pero como Gobierno no somos indiferentes, tenemos una opinión”.
