El contralor Jorge Bermúdez, se explayó en la sesión ante los parlamentarios, donde analizó los líos de platas en convenios diirectos.
LA CORRUPCCIÓN VA MUTANDO
«La corrupción va mutando, por lo tanto el Estado siempre va a la zaga de poder ir poniendo freno a ese flagelo que afecta a la democracia», fue parte de la exposición de Bermúdez.
La tarde de este martes, la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y Diputadas recibió al contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quien acudió a la instancia para dar cuenta de las investigaciones que lleva adelante el organismo que dirige sobre los cuestionados convenios entre reparticiones públicas y fundaciones privadas.
La visita de Bermúdez se da luego de que la Contraloría objetó 29 convenios de los 34 que ha revisado, en los cuales no se cumplen los estándares requeridos, por lo que fueron declarados ilegales o “representados”, término jurídico que ocupa el ente contralor. Todo corresponde a acuerdos suscritos el 2023 y los convenios objetados involucran más de $ 13 mil millones.
DEBILIDAD DEL DISEÑO
Los hechos se explican, según el contralor, por las irregularidades en el mecanismo de suscripción de convenios lo que es una “debilidad en el diseño institucional en materia de transferencias (:::) tenemos un Estado que tiene muchos recursos, pero que no sabe cómo gastarlos. Ese sería el resumen de la situación que hoy día tenemos”, dijo Bermúdez.
Bermúdez aseguró que “nadie debería asustarse con lo que está pasando, porque esta es una situación del típico caso de mutación de esta enfermedad que se llama corrupción, la corrupción va mutando, por lo tanto el Estado siempre va a la zaga de poder ir poniendo freno a ese flagelo que afecta a la democracia que se llama corrupción”.
“Aquí ha aparecido una nueva forma en que uno puede aprovecharse de los recursos públicos, que efectivamente nosotros pensamos que responde a una deficiencia del diseño institucional”, espetó Bermúdez.
CONTROL DE RENDICIONES
El pasado 5 de junio, a raíz del llamado caso Democracia Viva -fundación vinculada a militantes RD-, el ente contralor anunció el inicio de una inédita auditoría nacional a todas las transferencias realizadas entre el Estado y fundaciones, además de frenar la toma de razón de los contratos para así
recabar más antecedentes en el traspaso de recursos públicos.
También se refirió el contralor, al hecho que “No existe la robustez institucional para recibir más recursos”. Puso el énfasis, en la rendición de recursos en gobernaciones regionales, en vista de que, de acuerdo con los datos de Contraloría, la mitad de los gobiernos regionales presentó una ejecución presupuestaria mayor al 30% en diciembre. Es decir, la totalidad de la ejecución del año se concentró en el último mes.
“Hay una discusión respecto de descentralización fiscal, en que me parece a mí no existe la robustez institucional para recibir más recursos y creo que esto lo demuestra. La ejecución presupuestaria de los Gores se presentó en el último mes (…), eso no puede representar sobre un 30% de ejecución, eso ya es una anomalía per se”, explicó Bermúdez.
FALTA DE REGULACIÓN
De esta forma, otro de los problemas constatados por el ente contralor es que en las gobernaciones regionales las transferencias de recursos hacia otras entidades se utilizan para rendir gastos, es decir, como parte de la ejecución presupuestaria.
“Hay una falta de regulación (…) eso trae una serie de problemas. Lo primero es que al no existir una regulación no se puede seguir la ruta del dinero, es decir, es difícil saber cuál es el beneficiario final de la transferencia. Por ejemplo, cuando se transfiere del gore a la municipalidad, esos recursos pasan a ser extrapresupuestarios, o sea que no pasan por el consejo (municipal) en la aprobación de esos recursos. Entonces, con esos recursos el alcalde puede hacer lo que quiere”, enfatizó Bermúdez.
El contralor, además, detalló una serie de propuestas a corto, mediano y largo plazo, que guardan relación con otorgar más facultades y más control al organismo que encabeza Bermúdez. Una de las principales peticiones, por ejemplo, fue que se le entregue a la Contraloría acceso a las cuentas corrientes de los servicios públicos, para así detectar eventuales irregularidades de forma más efectiva y temprana.
