Apenas dos de los sillones del Salón del Honor de la Corte Suprema estuvieron vacíos en la audiencia de alegatos para revisar el cuaderno de remoción de la ministra Ángela Vivanco.
La del ministro Sergio Muñoz -que se inhabilitó para conocer del asunto y quien además está suspendido tras la aprobación de la acusación constitucional en su contra en la Cámara de Diputados-, y el que dejó Jorge Dahm, magistrado que entregó el cargo en diciembre de 2023 y cuyo cupo no ha sido llenado.
Otros dos están de vacaciones.
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¿Los cargos contra Vivanco?
Haber interferido en el concurso por la Fiscalía Nacional y en los nombramientos de conservador de bienes raíces de Viña del Mar y de Concón; irregularidades en la tramitación de la causa Belaz Movitec Spa contra Codelco.
También, injerencia en el nombramiento de ministros de cortes; intromisión en causas en tramitación y en la integración de salas; entrega de información reservada acerca de causas; concertación con el abogado Luis Hermosilla para obtener el nombramiento en el Poder Judicial, e irregularidades en la tramitación de otras ocho causas.
Ángela Vivanco no asistió a la audiencia.
LA DEFENSA DEL ABOGADO
Su abogado, Cristóbal Osorio, expuso durante una hora una serie de argumentos con el objetivo de evitar la remoción de la ministra.
«Es un día histórico», dijo.
Esto, «porque hemos abierto la puerta para que toda la gente pueda ver cómo los excelentísimos ministros de la Corte Suprema se juzgan a sí mismos. También será un día histórico, porque vamos a fijar los contornos de la garantía del debido proceso en los procedimientos disciplinarios, de remoción, ejercicios de acciones constitucionales».
Osorio acusó «un zigzagueo muy violento» al recordar la remoción de 2019 de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, donde no se aplicó hasta terminar el procedimiento disciplinario en trámite.
También afirmó que «no hay prueba para poder ejercer la remoción del artículo 80 de la Constitución».
«PRUEBA ILÍCITA»
Apuntó a que «hay prueba ilícita» en las revelaciones de Ciper, porque el reportaje se sostiene «a través de «una vulneración del Código Procesal Penal, que dice que la investigación tiene que ser reservada».
Por lo mismo, argumentó, los antecedentes «no se pueden usar en la sentencia».
«¿Es un mecanismo para iniciar un procedimiento disciplinario? Sí, porque yo tengo conocimiento de oficios de hechos que pueden constituir infracciones. Eso no lo podemos negar. Pero otra cosa, que algo que se obtuvo con infracción de norma constitucional, tomemos el lápiz y ejerzamos una facultad constitucional», aseveró.
Asimismo, cuestionó la prueba de conversaciones por WhatsApp enviadas al máximo tribunal del país en un oficio reservado del Ministerio Público diciendo que «no están todos los WhatsApp» y que «el fiscal nacional mandó un collage de WhatsApp».
Ahora, los 16 ministros/as titulares y tres suplentes del pleno deliberarán el futuro de la ministra Ángela Vivanco y si estiman que los alegatos presentados por el abogado son suficientes para desestimar las acusaciones del cuaderno de remoción.
