Este domingo 13 de octubre la empresa Cadem publicó un nuevo estudio en el que analizó la actual percepción ciudadana sobre el estallido social de octubre del 2019, en la previa de los cinco años de su conmemoración.
Los resultados de Cadem arrojaron que el 58% de los encuestados cree que el 18 de octubre fue una expresión de descontento social generalizado, mientras que el 57% asegura que fue necesario para visibilizar los problemas del país.
Sin embargo, el 68% estimó que el estallido tuvo consecuencias negativas para Chile y que marcó un período de declive en la calidad de vida.
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Por otro lado, el 34% de las personas preguntadas dijo que las manifestaciones fueron un problema de orden público y de grupos violentistas organizados.
En tanto, el 67% afirmó que el estallido terminó debido a la llegada de la pandemia al país, mientras que el 22% aseguró que fue por el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución.
LA MAYORÍA CONDENA LA VIOLENCIA
El 87% de los encuestados por Cadem consideró ilegítima la violencia en las calles ni tampoco justificable. El 58% cree que la violencia vino de grupos organizados y un 16% por parte de Carabineros y las Fuerzas Armadas. El 39% consideró que la respuesta de las instituciones fue excesiva, con otro 55% que cree que fue proporcional.
Los cacerolazos y marchas fueron considerados como la forma más legítima de manifestarse, con un 69% y otro 55% a favor, respectivamente. Les siguen la «primera línea» con el 23%, las evasiones masivas con un 20%, el que baila pasa con un 16%, las barricadas con el 15%, los rayados con el 6%, encapuchados con 5% y los saqueos con solo el 1% de los apoyos.
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El 31% se mostró muy de acuerdo con que se violaron sistemáticamente los derechos humanos, con un 12% que está algo de acuerdo, pero con una mayoría del 53% que cree que no fue así.
Con una mirada pesimista, el 63% considera que actualmente Chile es un peor país que antes, contrastado con el 74% de 2019 que creía que el país sería mejor tras superar la crisis social.
El 80% de los encuestados opina que las demandas sociales del estallido no han sido resueltas y que hasta han empeorado, entre ellos el costo de la vida con el 89%, la delincuencia y el crimen organizado con 88%, la calidad de la política con un 77%, la pobreza con el 67% y la desigualdad con el 61%.
