Durante la semana pasada, y luego de extensas jornadas de debate en la Comisión Mixta Especial, quedó listo el proyecto de Ley de Presupuesto 2025. No obstante, este logro no estuvo exento de acuerdos entre el oficialismo y la oposición, dentro los que se destaca principalmente un recorte de gasto de US$612 millones, una cifra que propiciará que el gasto público del próximo año pase de crecer 2,7% a 2%.
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Y a partir de hoy, la Cámara de Diputados inicia la revisión del proyecto de Ley de Presupuestos 2025, la que se prolongará hasta el miércoles. La próxima semana será el turno del Senado. Si hay discrepancias entre ambas cámaras, se zanjarán en una comisión mixta. El plazo legal límite para despachar el Presupuesto 2025 es el viernes 29 de noviembre.
LOS SECTORES MÁS AFECTADOS POR EL RPESUPUESTO
Por supuesto, las críticas y cuestionamientos no han estado alejados en esta discusión. La madrugada del viernes pasado y luego de casi cuatro días de discusión, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos despachó el proyecto a la Cámara de Diputadas. La instancia –conformada por 13 diputados e igual número de senadores– respaldó 31 de las 32 partidas presupuestarias correspondientes a los distintos ministerios, poderes autónomos y el Tesoro Público, además del articulado de la propuesta.
Sin embargo, la comisión rechazó los recursos para el Ministerio de Defensa y programas y asignaciones particulares de 17 partidas que, para ser reincorporadas, deberán ser repuestas por el Ejecutivo en la etapa de la tramitación legislativa que se inicia este lunes.
ALGUNOS RECHAZOS
Algunos de los rechazos son los recursos para el Mundial de Fútbol Sub-20, del que Chile será anfitrión en 2025; el Fondo del Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart), la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), la Dirección del Trabajo y la Superintendencia del Medio Ambiente, entre otros.
Para avanzar en la tramitación, el Ejecutivo presentó un acuerdo marco compuesto por cinco ejes: ingresos fiscales, gasto público, actualización de ingresos, gastos y balance fiscal, financiamiento, y transparencia.
En primer lugar, el Ejecutivo comprometió contar con una asistencia técnica externa de un organismo internacional especializado para la revisión y actualización de los modelos de proyección de ingresos fiscales. Se precisó que las propuestas que entregue esta asistencia técnica deberán recoger los aportes del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y se materializarán, en lo que corresponda, con anterioridad a la presentación del primer Informe de Finanzas Públicas de 2025.
GASTO PÚBLICO
En materia de gasto público, se acordó que se efectuará un ajuste del Presupuesto para 2025 equivalente a $543.539 millones (US$600 millones), el que se realizará mediante una rebaja de los subtítulos correspondientes a gastos operacionales y transferencias de capital en un porcentaje parejo entre las distintas partidas presupuestarias, incluyendo el Tesoro Público. Esta rebaja la implementará el Ministerio de Hacienda mediante decretos que se emitirán dentro de los 10 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, es decir, en enero.
El menor gasto público excluirá a los servicios de salud, a las policías de Carabineros e Investigaciones, a Gendarmería de Chile, al sistema escolar, concesiones y subsidios de vivienda. Con esta rebaja, el crecimiento del gasto respecto del presupuesto de 2024, más reajustes y leyes especiales, se reducirá desde 2,7% a 2,0%.
Como tercer eje, se acordó que en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de 2025 se actualizará la proyección de ingresos efectivos y estructurales del gobierno central, considerando la recaudación efectiva de 2024, los ajustes metodológicos que se hayan identificado como producto de la asesoría externa antes mencionada y la actualización de proyecciones macroeconómicas para el año.
Sobre esta base, la Dirección de Presupuestos determinará el nivel de gastos compatible con el cumplimiento de la meta fiscal del año correspondiente a –1,1% PIB y, a partir de ahí, los ajustes que se requieran para su logro.
EJE DE FINANCIAMIENTO
Respecto del eje de financiamiento, se comprometió que los eventuales retiros del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) se efectuarán de acuerdo con la normativa vigente de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Complementariamente, se deberá solicitar autorización al Congreso para efectuar retiros al FEES cuando éstos superen en el acumulado del año el 0,3% del PIB. Además, se propondrá una norma permanente que aplique este criterio en los años siguientes, de tal manera que, junto con aportes graduales preestablecidos, se logre alcanzar una meta para el nivel en régimen del FEES.
Dentro del mismo eje, se acordó que se mantendrá el límite de endeudamiento de US$16.000 millones propuesto inicialmente, del cual cerca de US$8.000 millones corresponden a amortizaciones de deuda y ajustes financieros mandatados por ley, en tanto que el financiamiento destinado al balance de operaciones del gobierno se estima en menos de US$4.000 millones.
Finalmente, en materia de transparencia, se definió –entre otros puntos- que en cada informe de ejecución presupuestaria mensual, tal como se presentan los ingresos, gastos corrientes y gastos de capital, se incluirá a partir de enero de 2025 la variación de los fondos soberanos, así como la ejecución de gastos “bajo la línea”.
«UN PRESUPUESTO QUE TIENE UN ACTO DE REALIDAD»
Para el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado independiente, Carlos Bianchi, por tramitación de la Ley de Presupuestas: «Efectivamente desde un comienzo se ha tratado de encontrar un consenso en materia de Presupuesto. A pedido de la oposición, se acordó bajar en 600 millones de dólares el gasto fiscal y, por lo tanto, estamos frente a un presupuesto que tiene un acto de realidad».
«Más allá del debate que tenemos que tener con respecto a la situación de salud, que por lejos es uno de los ministerios que nos va a obligar a tener que encontrar un mejor acuerdo, se suma todo lo que tiene que ver con seguridad, todo lo que tiene que ver con educación y todo lo que tiene que ver con vivienda. Por lo tanto he visto, a diferencia de todos los años anteriores, un ánimo extraordinariamente más constructivo por parte del actual ministro de Hacienda, que en definitiva nos va a permitir lograr un acuerdo final para entregar un presupuesto responsable», agregó Bianchi.
Por último, dijo que «y otra cosa importante. Por primera vez se recoge las opiniones del Consejo Fiscal Autónomo. Estas opiniones que no eran vinculantes hoy día pasaron a ser vinculantes, y al recoger esas opiniones van a haber revisiones permanentes del presupuesto, cosa que tampoco existía. Entonces vamos a estar frente a un presupuesto que para el 2025 va a entregar mucho más certezas, va a tener una permanente supervigilancia y eso a lo menos es una garantía de tener un presupuesto responsable».
