Nacional y economía

Ministerio de Justicia ejecuta recorte de $46 mil millones

Cristian Navarro H.

Periodista

Ministerio de Justicia
Imagen referencial creada con herramientas digitales
Ajuste de 3% impacta a servicios del sector, pero asegura continuidad operativa y atención a usuarios en áreas críticas del sistema.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmó la aplicación de un ajuste presupuestario transversal del 3%, instruido por el Ministerio de Hacienda, lo que se traduce en una reducción cercana a los $46 mil millones para la cartera durante 2026.

La medida se suma a un recorte previo de $10 mil millones aplicado en enero, en el contexto de la emergencia económica que enfrenta el país. Desde la cartera aseguraron que la reducción fue diseñada para resguardar la continuidad de los servicios esenciales, especialmente aquellos vinculados directamente con la atención de las personas.

GENDARMERÍA CONCENTRA MAYOR AJUSTE EN TÉRMINOS NOMINALES

En términos de distribución, Gendarmería de Chile concentra el mayor monto del recorte, con una disminución de $17 mil millones. Sin embargo, al considerar su presupuesto total, que alcanza los $693,7 mil millones según la Ley de Presupuestos 2026, el ajuste equivale a un 2,4%, siendo el más bajo en términos proporcionales dentro del sector.

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El Servicio Médico Legal también enfrenta una reducción del 2,4%, aunque en términos absolutos corresponde a $1.640 millones, dado su menor presupuesto inicial, estimado en $69 mil millones.

SUBSECRETARÍAS Y SERVICIOS CONCENTRAN EL RESTO DEL AJUSTE

El resto de los organismos dependientes del Ministerio de Justicia también se ven afectados por el recorte, en orden decreciente: la Subsecretaría de Justicia con $9.693 millones; el Servicio de Reinserción Juvenil con $7.676 millones; el Servicio de Registro Civil e Identificación con $7.141 millones; la Defensoría Penal Pública con $2.070 millones; y la Subsecretaría de Derechos Humanos con $870 millones.

Desde el ministerio reiteraron que, pese al ajuste, se priorizó mantener la operatividad de los servicios críticos del sistema de justicia, en línea con los lineamientos fiscales definidos por Hacienda.

 

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