El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional ( FSLN ), aprobó este viernes una reforma constitucional que amplía significativamente los poderes del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo , consolidando su control sobre los órganos del Estado y debilitando la separación de poderes.
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La propuesta, enviada con carácter de urgencia por Daniel Ortega el martes, fue aprobada en primera legislatura con los votos de la mayoría sandinista. Entre sus principales cambios, se destaca la extensión del mandato presidencial de cinco a seis años, la creación de las figuras de «copresidente» y «copresidenta», y la facultad de coordinar los poderes Legislativo, Judicial, Electoral y otras instituciones estatales.
CONCENTRACIÓN DE PODER
La reforma elimina la separación de poderes al establecer que la Presidencia de la República tendrá control directo sobre el Ejército, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, y podrá ordenar la intervención de las fuerzas armadas en situaciones que, según el Ejecutivo, comprometan la estabilidad del país.
Además, se oficializa la Policía Voluntaria , un grupo surgido en respuesta a las protestas sociales de 2018, en las que más de 300 personas perdieron la vida. Este cuerpo está compuesto mayoritariamente por exmilitares de la revolución sandinista (1979-1990).
La reforma también incorpora como símbolo patriótico la bandera del FSLN , reforzando la ideología sandinista como base del Estado, ahora definida en el texto como «revolucionario».
RESTRICCIONES Y CONTROL MEDIÁTICO
En materia de comunicación, la enmienda establece que el Estado vigilará que los medios no sirvan a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas. Desde 2020, Nicaragua ya cuenta con una «Ley de Ciberdelitos» que penaliza la difusión de noticias consideradas falsas con hasta 10 años de prisión.
Asimismo, limita la libertad de culto al prohibir actividades religiosas que, según el Gobierno, puedan tentar contra el orden público, y exige que las organizaciones religiosas operen libres de «control extranjero».
RECHAZO INTERNO E INTERNACIONAL
La oposición y organismos internacionales han calificado la reforma como un intento de Ortega y Murillo por consolidar un poder absoluto . La OEA denunció que esta medida busca perpetuar al matrimonio presidencial en el poder y restringir aún más las libertades democráticas.
Según el texto, la reforma se aprobará definitivamente en la segunda legislatura en enero de 2025, iniciando un nuevo período marcado por una mayor centralización del poder en Nicaragua.
