La Corte Suprema escuchó los alegatos por el reclamo para impedir nuevos capítulos al proyecto de Constitución que presentara la bancada del oficialismo del Consejo Constitucional.
La sala sorteada por la Corte Suprema escuchó este jueves los alegatos por el reclamo del oficialismo para impedir sumar tres nuevos capítulos al proyecto de nueva Constitución, respecto a los que ya contempla el anteproyecto.
Se trata de una serie de ideas impulsadas por la extrema derecha apoyada por Chile Vamos y que están vinculadas a seguridad, Fuerzas Armadas y defensoría de las víctimas.
El abogado reclamante William García planteó que «es necesario esclarecer que el presente reclamo no tiene por objeto impedir ni limitar el debate sobre asuntos constitucionales. La finalidad de esta acción no es otra que evitar que una parte del Consejo Constitucional, por mayoritaria que sea, avasalle al resto imponiendo sus términos».
El apoderado de la presidenta del Consejo Constitucional, Alan Bronfman, aseveró que sostener que «esa propuesta inicial, que fue propuesta por la mesa y la Secretaría Técnica, y aprobada por la Comisión Experta vaya a vincular y obligar al Consejo Constitucional excede lo que sostiene la Constitución. Es perfectamente posible debatir democráticamente acerca de estas enmiendas».
Se prevé que el fallo del máximo tribunal sea comunicado el próximo lunes.
REPAROS DE LA SUPREMA
La Corte Suprema, como en el proceso anterior, ha hecho sentir su voz y planteado reparos a algunas de las enmiendas. El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, y el ministro Leopoldo Llanos participaron de la Comisión de Función Jurisdiccional del Consejo para dar a conocer la opinión del máximo tribunal respecto a las enmiendas ingresadas al anteproyecto.
En ese marco, Llanos calificó como «problemática» la indicación del Partido Republicano que crea un nuevo tribunal especial con proyección y competencia en todo el territorio nacional, cuyo fin es juzgar las causas de crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, trata de personas, corrupción y demás materias determinadas por la ley.
A juicio del magistrado, «rompe con el principio de competencia territorial dividida para conocer de un determinado grupo de asuntos, y contempla como criterio de competencia conceptos abarcadores de delitos cuya determinación nunca podría resultar precisa, lo que podría resultar con serios problemas».
«En definitiva, la instauración de un tribunal de ese tipo, además de parecer que excede una regulación genuinamente constitucional, podría terminar generando, por su carácter nacional y amplio de competencias, un verdadero Poder Judicial paralelo», advirtió Llanos.
Otras enmiendas cuestionadas por el máximo tribunal son la que buscan otorgar reclusión domiciliaria a reos mayores de 75 años, particularmente aquellos condenados por delitos de lesa humanidad, y la que rebaja el estándar de cumplimiento de los tratados internacionales.
