La Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Superintendencia de Educación (ASUME), expresó su rechazo al recorte presupuestario proyectado para el 2025, denunciando un incumplimiento sistemático de los compromisos gubernamentales con la cartera de Educación.
Según el gremio, esta medida pone en riesgo la capacidad de la institución para atender las necesidades de las comunidades educativas y cumplir con su labor fiscalizadora.
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En un comunicado, la asociación alertó que actualmente solo se fiscaliza un 4% de los $7,8 billones de pesos declarados anualmente por los sostenedores de establecimientos educacionales.
Además, señalaron que el aumento constante de denuncias ciudadanas sobrepasa la capacidad operativa de la institución, lo que lleva a retrasos en la tramitación, especialmente en la Región Metropolitana.
«Esto evidencia una sobrecarga laboral que no se ha visto acompañada de recursos ni medidas concretas para mejorar la capacidad operativa de los trabajadores y trabajadoras», sostienen.
Desde la ASUME también criticaron la falta de un sistema de gestión de personas que fomente el desarrollo profesional, la igualdad, y la transparencia, perpetuando condiciones laborales precarias.
NEPOTISMO Y ALTOS SUELDOS
El escrito entregado por la asociación, apunta directamente al superintendente Mauricio Farías, a quien acusan de priorizar el nepotismo y altos sueldos de asesores y jefaturas por sobre mejoras estructurales.
Según los trabajadores, estas decisiones han estancado la capacidad fiscalizadora y desviado recursos hacia salarios que superan los $6 millones mensuales.
LLAMADO AL GOBIERNO
Asimismo, el gremio hizo un llamado a La Moneda para que revise las decisiones presupuestarias y administrativas, subrayando que sus propuestas para fortalecer la Superintendencia han sido ignoradas.
“La falta de voluntad política ha dejado a la institución en un estado crítico”, concluye el comunicado, exhortando al Ejecutivo a priorizar la educación y las condiciones laborales de sus trabajadores así como asumir la responsabilidad de fortalecer la Superintendencia de Educación, la cual es clave para la fiscalización y mejora del sistema educativo en Chile.
