La Superintendencia de Educación derogó tres circulares, dos de las cuales habían sido dictadas entre el 23 y 31 de diciembre de 2025, durante el gobierno de Gabriel Boric y a menos de tres meses del cambio de mando.
Entre otras cosas, incorporaban principios de autonomía progresiva, enfoque formativo y perspectiva de género en los reglamentos internos de los colegios, lo que había desatado críticas desde el hoy oficialismo.
Para la ministra María Paz Arzola, fue “poco apropiado” que se emitieran durante el verano, a poco del fin de la administración anterior.
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En entrevista con 24 Horas la secretaria de Estado manifestó que los cuerpos directivos de los establecimientos escolares “estaban con la presión de tener que actualizar sus reglamentos internos a lo que establecían estas nuevas circulares”.
“Ahora con la derogación van a poder seguir utilizando sus mismos reglamentos internos y van a tener que ajustarlos una vez que entren en vigencia nuevas leyes, como la Ley de Convivencia Escolar, de tal manera que no tengan que actualizar la normativa ahora apurados y después cuando se promulgue la ley tengan que actualizar sus reglamentos de nuevo”, explicó la ministra.
LAS CIRCULARES QUE YA NO RIGEN
Las circulares anuladas por la superintendencia son la 781, que es de reglamentos internos; la 782 que es de medidas formativas, y la 202, que tiene que ver con reglamentos internos en educación parvularia.
También se daban instrucciones, en la N°782, sobre medidas formativas y disciplinarias como obligar a colegios particulares a aplicar el mismo procedimiento de Aula Segura de los establecimientos públicos.
“En el momento en que fueron publicadas, había un trabajo en el Congreso respecto de la ley que se acaba de promulgar y esto no fue tomado en cuenta. Por lo tanto, estas circulares por el solo Ministerio de la Ley vendrían quedando sin efecto con la promulgación de la ley”, expuso la superintendenta de Educación, Pamela Adriazola.
Desde Educación 2020 aseguraron que el contenido de las circulares 781 y 782 “era valioso y representaba un avance real. El error fue de oportunidad y de forma: normas que aumentaban la regulación, dictadas en diciembre, sabiendo que la ley de convivencia requeriría adecuaciones en meses, generaron una incertidumbre completamente evitable para los colegios. Es clave que eso no se repita”.
