Avendaño fue acusado de otorgar un certificado de aeronavegabilidad al avión, a pesar de que este no cumplió con las condiciones técnicas necesarias para volar, lo que habría afectado una de sus hélices.
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Su abogado, Jorge Martínez, argumentó ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas que el certificado se emitió bajo el «Principio de confianza» en las instituciones, al constatar que los generales predecesores de Avendaño «Verificaron las condiciones técnicas del avión».
DEFENSA
En subsidio, la defensa planteó la prescripción de la acción penal, alegando que han transcurrido más de cinco años desde el accidente ocurrido el 9 de diciembre de 2019, y que no se presentó ninguna querella nominativa en contra de Avendaño durante ese período. Además, argumentaron que el general no cometió ningún delito.
El Ministerio Público, representado por el fiscal jefe de Punta Arenas, Sebastián González, respondió indicando que en noviembre de 2024 se amplió una querella dirigida específicamente contra Avendaño.
Asimismo, señaló que la formalización de la investigación se realizó antes del 9 de diciembre de 2024, lo que, a juicio de la Fiscalía, fue suficiente para interrumpir el plazo de prescripción.
AUDIENCIA
Al cierre de la audiencia, la Fiscalía rebatió los argumentos de la defensa, afirmando que el rol del general en la certificación de aeronavegabilidad no se limitó a constatar el cumplimiento de especificaciones técnicas.
La audiencia quedó suspendida y se retomará el viernes 17 de enero, cuando los querellantes presentaron sus argumentos y se resuelva medidas sobre el sobreseimiento, la prescripción y posibles cautelares.
