La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) rechazó las peticiones de indulto para condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y advirtió que su eventual otorgamiento provocaría una nueva revictimización de quienes han buscado justicia durante décadas.
A través de una declaración pública la organización cuestionó que se invoquen razones humanitarias para conceder estos beneficios. A su juicio, esas solicitudes buscan impedir el cumplimiento de condenas dictadas por los tribunales.
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“Como familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, advertimos que los posibles indultos concedidos bajo supuestos criterios de humanidad no son más que una forma encubierta de impunidad”, expresó la AFEP.
La agrupación puso el foco en las consecuencias que una medida de este tipo tendría sobre las familias. Sostuvo que el indulto representa un nuevo trauma para las víctimas y profundiza la carga psicológica y emocional asociada a las violaciones sufridas y a la prolongada búsqueda de sus seres queridos.
UNA DEMANDA DE JUSTICIA QUE SIGUE PENDIENTE
La AFEP vinculó su rechazo con las deudas que persisten en materia de verdad y esclarecimiento. Según las cifras que consignó en su declaración, a 53 años del golpe civil-militar todavía se desconoce el paradero de 1.092 personas detenidas desaparecidas y de 377 ejecutados políticos cuyos restos no han sido entregados.
En ese contexto, afirmó que el derecho de las víctimas a la justicia comprende tanto la sanción de los responsables como el cumplimiento efectivo de las penas impuestas mediante sentencias firmes.
La organización también sostuvo que los indultos para condenados por crímenes de lesa humanidad lesionan la garantía de no repetición. Desde su perspectiva, permitir que los responsables eludan sus penas debilita el deber del Estado de sancionar estos delitos de manera proporcional a su gravedad.
ADVERTENCIA SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
En su declaración, la AFEP argumentó que la amnistía, la prescripción y el indulto constituyen mecanismos de impunidad cuando impiden sancionar las violaciones a los derechos humanos o cumplir las condenas. Bajo ese razonamiento, advirtió que la concesión de indultos a responsables de estos crímenes comprometería la responsabilidad internacional de Chile.
Asimismo, señaló que la facultad presidencial de indultar debe respetar los derechos esenciales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el país.
La agrupación cerró su pronunciamiento con la ratificación de su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación.
