Las aplicaciones de transporte, como Uber, Cabify y Didi, anunciaron que recurrirán a la Contraloría General de la República para oponerse a la entrada en vigencia del reglamento de la Ley 21.553, conocida como la «Ley Uber».
En concreto, las empresas aseguran que, a pesar de las mesas de trabajo con el Ministerio de Transportes, el reglamento no incorporó sus recomendaciones. Además, agregó nuevas restricciones que afectarán negativamente su operación.
Respecto a esto, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, defendió el reglamente a través de una entrevista con El Mercurio. Asimismo, destacó que el objetivo es «equiparar las condiciones entre el mercado de las aplicaciones de transporte y los taxis tradicionales».
Junto a ello, aseguró que «ha habido varios espacios de diálogo, donde todos pudieron participar». No obstante, enfatizó que «el reglamento tiene que ceñirse a lo que la ley indica».
Además, el secretario de Estado expresó que es urgente que la ley entre en operación tal como fue aprobada. Aunque, reconoció que «surgirán oportunidades para ir mejorando aún más la regulación que tiene esta industria».
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RECURREN A CONTRALORÍA POR «LEY UBER»
Entre las principales críticas de las empresas, está la exigencia de inspecciones técnicas más estrictas para los vehículos. Esto podría crear un mercado secundario y generar costos adicionales.
También expresaron preocupación por la obligación de entregar datos detallados sobre cada viaje, lo que consideran una violación de la privacidad.
Otro punto conflictivo es la creación de un registro de conductores con autorización ministerial, que podría desincentivar la incorporación de nuevos conductores debido a los largos plazos establecidos.
Asimismo, se implementará un «congelamiento» del número de conductores por dos años. Las empresas consideran que esto distorsionará el mercado y reducirá la oferta de servicios.
Cabe señalar que el reglamento ahora será revisado por la Contraloría, que decidirá si se aprueba o se realizan modificaciones. Sin embargo, las empresas seguirán luchando para que se reconsideren las medidas que afectan su modelo de negocio y la calidad del servicio.
